López Murphy lanzó campaña ayer para controlar a Ibarra
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Mauricio Macri no define distrito y el titular de Recrear no define candidato en las listas porteñas para las próximas urnas.
Macri, quien no descarta un acuerdo, teme que el peronismo macrista tome como límite al apoyo que le da una eventual alianza con López Murphy, la que resistiría, cree. Será por esas complicaciones que el ex ministro de Economía confió en el despacho de Araujo que hay que seguir las conversaciones, pero dejando de lado los disparos mediáticos entre los dos candidatos.
Rodríguez Larreta (h), convidado en ese encuentro, aseguró que su partido apoya ese tipo de iniciativas que promueve Recrear. De hecho, la convivencia entre los tres legisladores de López Murphy (además de Araujo, Jorge Sanmartino y Fernanda Ferrero) y el macrismo mantiene afinada sintonía. Es el caso de la ley de transparencia en la compras que votarán los diputados de Macri, bloque mayoritario en la Legislatura capitalina.
En el acto formal, López Murphy consideró clave para la campaña de Recrear proyectos de control de los gobiernos y anticipó que intentará duplicar la difusión de esas iniciativas, con lo que quiere hacer eje de su propaganda, especialmente con todo aquello que haga referencia a «poner en marcha el gobierno electrónico».
El proyecto podría reunir los 31 votos para su aprobación el próximo año (lo que resta de éste, la Legislatura lo dedicará casi en exclusividad al Presupuesto 2005).
La idea es la creación de una base de datos a la que tengan acceso los vecinos con toda la información acerca del procedimiento de contratación de servicios o compras que haga el gobierno de Aníbal Ibarra, por Internet. Es decir, que todo el proceso de compras o contrataciones del gobierno quede en evidencia en Internet, incluso los concursos de precios.
Además, crea un sistema de «contrataciones públicas electrónicas» que se propone « posibilitar las transacciones por correo electrónico», según explicó Araujo.
«Que no hablen nada», sintetizó López Murphy, para referirse al sistema que, según cree, evitaría que funcionarios y empresas «dialoguen» las contrataciones o las compras.
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