3 de noviembre 2004 - 00:00

López Murphy lanzó campaña ayer para controlar a Ibarra

Ricardo López Murphy, ayer en la Legislatura porteña, donde presentó un proyecto de ley.
Ricardo López Murphy, ayer en la Legislatura porteña, donde presentó un proyecto de ley.
López Murphy compartió tarima ayer en un acto en la Capital Federal con el macrista Horacio Rodríguez Larreta (h), quien de algún modo mantiene con el ex ministro la misma duda porteña: ¿quién será el candidato a diputado nacional 2005 de su partido en la Capital Federal?

Mauricio Macri
no define distrito y el titular de Recrear no define candidato en las listas porteñas para las próximas urnas.

Así, ayer López Murphy optó por aleccionar a sus seguidores porteños para que hagan campaña con leyes que impulsen el control al Estado. Lo hizo en una presentación ante un centenar de personas en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, junto a Rodríguez Larreta (h) y al legislador Carlos Araujo, promotor del proyecto de ley en cuestión. Con la excusa de impulsar esa norma que se propone controlar las compras y contrataciones de Aníbal Ibarra mediante un sistema de registros electrónicos, Araujo reunió al titular del Recrear y al segundo de Compromiso para el Cambio. «No vino Patricia (Bullrich) sólo porque está de viaje», aseguró Araujo, vicepresidente segundo de la Legislatura, quien impulsa en el internismo de Recrear una alianza electoral que aglutine a López Murphy, Macri y Bullrich. En ese esquema, la boleta para senador de la provincia de Buenos Aires la encabezaría el ex ministro de Economía, la de Capital para diputados, Macri, compartiendo cartel con la ex ministra de Trabajo.

En el macrismo, sin embargo, consideran que con Bullrich las relaciones son peores cada vez que oyen las críticas de la candidata a diputada nacional para con el titular de Boca y ven ese vínculo con pocas chances de terminar en una boleta compartida.

• Condición

L. Murphy pone como prenda de entendimiento con Macri que éste defina en qué distrito va a competir, mientras que el empresario resiste el no peronismo del ex radical, algo que debe rechazar cuando tiene a una porción del PJ dentro de su coalición política.

Macri
, quien no descarta un acuerdo, teme que el peronismo macrista tome como límite al apoyo que le da una eventual alianza con López Murphy, la que resistiría, cree. Será por esas complicaciones que el ex ministro de Economía confió en el despacho de Araujo que hay que seguir las conversaciones, pero dejando de lado los disparos mediáticos entre los dos candidatos.

Rodríguez Larreta (h),
convidado en ese encuentro, aseguró que su partido apoya ese tipo de iniciativas que promueve Recrear. De hecho, la convivencia entre los tres legisladores de López Murphy (además de Araujo, Jorge Sanmartino y Fernanda Ferrero) y el macrismo mantiene afinada sintonía. Es el caso de la ley de transparencia en la compras que votarán los diputados de Macri, bloque mayoritario en la Legislatura capitalina.

En el acto formal,
López Murphy consideró clave para la campaña de Recrear proyectos de control de los gobiernos y anticipó que intentará duplicar la difusión de esas iniciativas, con lo que quiere hacer eje de su propaganda, especialmente con todo aquello que haga referencia a «poner en marcha el gobierno electrónico».

El proyecto podría reunir los 31 votos para su aprobación el próximo año (lo que resta de éste, la Legislatura lo dedicará casi en exclusividad al Presupuesto 2005).

La idea es la creación de una base de datos a la que tengan acceso los vecinos con toda la información acerca del procedimiento de contratación de servicios o compras que haga el gobierno de
Aníbal Ibarra, por Internet. Es decir, que todo el proceso de compras o contrataciones del gobierno quede en evidencia en Internet, incluso los concursos de precios.

Además, crea un sistema de «contrataciones
públicas electrónicas» que se propone « posibilitar las transacciones por correo electrónico», según explicó Araujo.

«Que
no hablen nada», sintetizó López Murphy, para referirse al sistema que, según cree, evitaría que funcionarios y empresas «dialoguen» las contrataciones o las compras.

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