Los piqueteros son hoy la principal empresa del Estado

Durante los últimos años se puso de moda explicar el crecimiento de la violencia o el delito como la consecuencia de una «falta de distribución social de la riqueza», y como siempre hay más voluntarios para repartir los bienes de otro que para producir. Esta tendencia fue ganando adeptos con gran velocidad. Lo que nunca explicaron es por qué la pobreza que se ve en el campo desde siempre no produce ni asaltantes ni piquetes.

Para la izquierda, el crimen se convirtió en un sustituto postcaída del Muro de Berlín del levantamiento proletario y para el populismo clásico, en una forma de justificar la dádiva, que es la única manera de manejar los asuntos políticos que conocen.

Para algunos inclusive el «reparto» cumpliría el papel de una suerte de «protección» mafiosa para resolver el peligro de lo que llaman un «estallido social». Para esta posición, la solución para no ser asaltados es entregar el botín de manera voluntaria (salida ésta que se parece mucho a la del dicho popular sobre cuál era la solución frente a una violación inevitable).

Pero el movimiento piquetero y la situación de la seguridad en el conurbano bonaerense parecen arrojar conclusiones opuestas y desmentir todas estas ideas y subterfugios. El conurbano bonaerense ha sido en los últimos diez años el mayor beneficiario de planes de reparto estatales y de demagogia de todo tipo y no sólo es el lugar donde se concentra la mayor inseguridad y la cuna de la violencia piquetera que sufrimos el pasado miércoles, sino que es también el lugar donde la pobreza crece a ritmo más acelerado.

Podría parecer una paradoja, pero no lo es. En gran medida la pobreza es hija de los desaguisados económicos en general que cometen los gobiernos, pero también lo es, y sobre todo la marginalidad peligrosa y los grupos políticos que viven de ella, de ese sistema de fomento oficial de la mendacidad improductiva denominado «distribución de la riqueza».

Cuando el Estado, con su capacidad de compra limitada nada más que por su poder de exprimir al mercado, se dedica a adquirir determinados bienes o servicios fomenta su producción. Si compra muchas máquinas de hacer café, la producción de máquinas de café para proveer esa demanda tiende a crecer. Si adquiere asfalto para reparar calles, aumenta la rentabilidad de la producción de ese producto. Por el mismo motivo, cuando el Estado entrega en masa dinero o beneficios a cambio de nada o sólo por protestar, fomenta, pues, la nada y la protesta. Cuando lo hace por muchos años, el negocio tiende a institucionalizarse.

La caridad privada nunca cometería esos errores. Esta siempre va acompañada de buenos valores tendientes a la autosuperación y a la defensa de un sentido de rectitud en la vida. Lo contrario de los valores que fomenta un Estado repartidor indiscriminado que tiende a beneficiar al más agresivo o al más eficaz como puntero.

Si el Estado reparte dinero, bajo cualquier título (planes Trabajar, planes Jefes de Familia) o bienes o servicios a los pobres a gran escala y por un largo tiempo lo que tiende a crecer en el mediano y largo plazo es la pobreza. Recordemos también los varios cientos de millones de dólares con que la Nación proveía a la provincia en tiempos de Menem presidente y Duhalde gobernador, todos los cuales fueron usados para el reparto.

El Estado no sólo destruye así a sus «contribuyentes» que produjeron esa riqueza, sino que también agrava la situación cuando transforma esos recursos en demanda de pobreza. Esto es lo que ocurrió en la Argentina. El reparto a mansalva empezó cuando el problema de seguridad y el problema económico del conurbano bonaerense eran mucho menores. El resultado fue la multiplicación exponencial de la cuestión. Los piqueteros están lejos de ser un movimiento marxista espontáneo. Nacieron y sobreviven al calor oficial. Empezaron su actividad concentrando el reparto de los llamados planes Trabajar. De manera natural crecieron desde adentro líderes más aptos para reclamar mayores recursos y también se incorporaron al sistema políticos marginales expertos en punterismo político.

El reparto oficial de dinero se convirtió en un negocio grande para los empresarios de la dádiva y en una salida fácil para desocupados y gente con situaciones económicas dramáticas. Mucha de esa desesperación era consecuencia, a su vez, del exceso de gasto público y la presión tributaria que ahogaba a las empresas para proveer a ese mismo Estado repartidor, generándose así un círculo vicioso imparable. La disminución del flujo de recursos sobre ese sistema perverso o el favoritismo con algunas organizaciones y la exclusión de otras es lo que genera las tensiones que están a la vista y no la pobreza.

• Hoguera

El sistema se convierte por esa vía en una hoguera imposible de dejar de alimentar. El gobierno es quien provee el combustible de esa hoguera. Los piqueteros son hoy la principal empresa estatal y la más conflictiva.

Los cabecillas de estas organizaciones paraestatales se dieron cuenta de que una combinación infalible para tener éxito en el mundo del negocio piquetero era exacerbar la culpa en la sociedad y producir hechos ilegales presentándolos como el último recurso para que «alguien» los escuchara en sus reclamos. Años de alimentar el complejo del Estado represor dieron sus frutos porque los funcionarios terminaron renunciando a utilizar la fuerza para defender a la sociedad, de manera que la Argentina se convirtió en zona liberada para el piquete, la privación de la libertad ambulatoria y hasta el peaje privado de los piqueteros.

La única vía de control que quedaba era negociar con los empresarios piqueteros, negociación que se circunscribía a reparto de dinero, alimentándose de ese modo el incentivo para el próximo piquete.

El marxismo que enarbolan los piqueteros comenzó siendo una cobertura ideológica al viejo y conocido punterismo político (demasiado desprestigiado como para darle el mismo sustento teórico), ahora institucionalizado como brazo del propio Estado. Las organizaciones de piqueteros están formadas por verdaderos «ñoquis» que cobran por y para hacer manifestaciones callejeras y cuyo éxito depende de la capacidad que tengan de asustar a la sociedad y a los funcionarios. Entonces, si los piqueteros son, en realidad, empleados públicos, la máxima irracionalidad consiste en que los hechos de violencia que estamos viviendo son una puja que se produce dentro mismo del Estado entre una fuerza formada para defender la ley y otra fuerza financiada para violarla.