"Pepín" Rodríguez Simón, a indagatoria por asociación ilícita

Política

Servini lo citó el 26 de mayo por entrecruzamiento de llamados en la causa Indalo. Contactos sospechosos que lo confirman como operador judicial del PRO.

El abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, sindicado como uno de los cerebros de la mesa judicial macrista, fue citado ayer a indagatoria por la presunta comisión del delito de asociación ilícita en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno de Cambiemos sobre los accionistas del Grupo Indalo.

La citación fue decidida por la jueza María Servini quien lo convocó para el 26 de mayo a las 15.30 y dispuso que la declaración se lleve a cabo mediante sistema de videoconferencia -de manera audiovisual y remota-, a través de la plataforma Zoom.

La citación fue dispuesta luego de que la jueza finalmente pudiera analizar parte de la información obtenida a partir del cruce de llamadas telefónicas que ordenó la magistrada y que apuntaba a las comunicaciones de varios miembros de la mesa judicial del gobierno de Macri, integrada por el propio expresidente, el exjefe de asesores José Torello, entre otros.

Los informes de los cruces de llamadas, elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia, “confirmaron la hipótesis criminal”; es decir que demostraban que en los momentos en los que los denunciantes los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López- manifestaron haber sido presionados política y judicialmente se registran llamados entre los acusados y también con importantes miembros del Poder Judicial.

La investigación se abrió en 2019 por denuncia del empresario Fabián De Sousa, uno de los dueños del Grupo Indalo y de medios como C5N y Radio 10, quién relató ante la justicia cómo comenzaron las presiones y el ahogo financiero a sus empresas cuando le respondió al gobierno del entonces presidente Mauricio Macri que no pondría los medios al servicio de la persecución de la expresidenta Cristina de Kirchner.

La investigación se centra en la “presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional -encabezado por Mauricio Macri- o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”, según la acusación fiscal.

En este expediente, y a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, ya fue citado a indagatoria, para el 23 de marzo, el extitular de la AFIP entre 2015 y 2018, Alberto Abad, dado que los investigadores creen que el ente recaudador fue uno de los elementos de presión que habría utilizado el gobierno de Macri sobre Indalo. La magistrada convocó a Abad como corolario de una ronda de indagatorias que incluye a otros funcionarios y ex funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Una de las hipótesis de los investigadores en este expediente es que la AFIP, bajo la conducción de Abad, habría formulado una “falsa denuncia” en el Juzgado en lo Penal Económico 11, imputando a los titulares del grupo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, por el delito de insolvencia fiscal fraudulenta sin que se cumplieran con los trámites administrativos o judiciales previos.

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