A la cabeza de la nómina se encuentra nada menos que Hugo Moyano, el poderoso secretario general de la CGT, porque su gremio de base, el de los Camioneros, también estaría involucrado en maniobras irregulares con su obra social, según aseguró el fiscal que lleva la causa, Luis Comparatore.
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Pero los condimentos políticos de la investigación del juez federal Norberto Oyarbide no se agotan en la lista de sindicalistas que están bajo la lupa judicial, sino que también alcanzan al oficialismo a través de Héctor Capaccioli, quien fue tesorero de la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
Capaccioli se desempeñó como superintendente de Servicios de Salud, un puesto clave en la relación entre el Estado y las obras sociales de los gremios, que ahora son investigadas pasa saber si cobraron fondos públicos para realizar tratamientos que los afiliados nunca recibieron.
En otra causa, que lleva el juez Claudio Bonadío, también se cruzan los nombres de Moyano y Capaccioli: es la que investiga el reparto de los millonarios fondos de la Administración de Programadas Especiales (APE) del Ministerio de Salud de la Nación.
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