19 de septiembre 2002 - 00:00

Más internas que delito en nuevo escándalo del Senado

La denuncia por un supuesto pedido de coimas de legisladores a banqueros derivó anoche en un «show» de antología en el recinto del Senado, que puso al desnudo las internas cruzadas del bloque PJ. Por ahora, sólo la «mala fama» de la Cámara alta pueden ayudar a darle credibilidad al presunto cohecho.

La senadora Malvina Seguí (PJ-Tucumán), principal afectada por el affaire que difundió el «Financial Times», volvió a defender su inocencia y pidió que se investigaran de inmediato los libros de entrada y salida del palacio ante la sospecha de que «el señor que aparece vinculado con estos hechos reprobables dicen que sería un enlace que tienen los banqueros con el Congreso».

El «enlace» tendría relación también con el pampeano Carlos Verna, hombre fuerte de Presupuesto y Hacienda y uno de los sobrevivientes del «viejo Senado». De inmediato, las radicales Miriam Curletti y Marta Rasso, junto con el secretario administrativo del cuerpo, Jorge Amarfil, fueron a revisar los registros para rastrear qué despachos visitaba «el enlace» y así conseguir eventuales pistas sobre el affaire. Aunque se supone que alguien tan bien vinculado con legisladores de peso no necesita dejar asentada su entrada ni que lo autoricen de oficina alguna. El radical José de Zavalía preguntó si se trataba de Carlos Bercún. La senadora asintió.

• Precio

Por si fuera poco, Seguí -quien se quejó de pasar de denunciante a denunciada (ella radicó una querella en el juzgado de Claudio Bonadío apenas estalló el escandalete)- la emprendió con nombre y apellido contra Cristina Fernández de Kirchner, sin que nadie más le pidiera identificaciones. Poniéndole precio a la cabeza de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la acusó de «haberme humillado en mi provincia». La primera dama patagónica había aludido a un supuesto video que acreditaría el affaire y sostuvo que la protagonista sería «una legisladora de una provincia pobre, ligada al menemismo». Seguí aclaró después que apoya a Adolfo Rodríguez Saá y no a Carlos Menem.

La tucumana pareció mandarle un mensaje a José Luis Gioja en medio de la catarsis. Recordó que el jefe del bloque la visitó minutos antes de que ella presentara un informe sobre supuesta fuga de capitales hace un par de semanas. «Me manifestó que tuviera cuidado con lo que iba a decir porque había una sospecha sobre nosotros», le adjudicó haberle recomendado. Gioja habría sugerido que podían haber dado lugar a malos entendidos citas con banqueros fuera de la casa de las leyes.

• Fuera de control

Seguí, que parecía dispuesta a seguir con la sesión hasta que llegara Carlos Ruckauf y explicara si sabía de las versiones sobre coimas, no dejó pasar a su comprovinciano Pablo Walter, de Fuerza Republicana. «¡Qué intereses ha estado defendiendo!», le espetó. Walter contestó que no consideraba que hubiera una campaña mediática y rehusó solidarizarse corporativamente. «Yo no pongo las manos en el fuego por nadie», subrayó el tucumano. De paso, reclamó que se hicieran públicas las sesiones de Presupuesto y Hacienda. En ausencia de Verna, Yoma salió a replicar que eran «abiertas».

Seguí continuó ofendida e hizo referencia a Fuerza Republicana como si eso fuera una prueba comprometedora contra Walter. «Lo único que falta es que acusen a mi partido por este escándalo», sonrió el legislador del NOA.

Con la sesión casi fuera de control, el radical santacruceño Carlos Prades pidió que se citara a declarar por la fuerza pública a Thomas Catan, el corresponsal del «Financial Times» que escribió la nota denunciando las supuestas coimas. Enseguida, se le sumó otro radical, el disidente jujeño Gerardo Morales, quien amplió el pedido a Manuel Sacerdote, Emilio Cárdenas, Mario Vicens y Juan Bruchou, aunque en este último caso Morales no lo citó por nombre, sino por el cargo, presidente del Citibank.

Poco después, se comunicaron con los bancos para acelerar la citación ayer por la noche, pero luego se dejó de lado la medida, ya que Vicens estará presente hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales para esclarecer dudas.

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