Massoni, en la mira peronista

Mala suerte la de José Massoni, el titular de la Oficina de Anticorrupción del gobierno. Justamente el día en que Fernando de la Rúa anunció la creación del Ministerio de Lucha contra la Corrupción, del que Massoni sería un candidato natural, un grupo de diputados peronistas se propuso ponerlo en la picota porque, sostienen ellos, ha aparecido un caso en el que, si no alentó la corrupción, este funcionario por lo menos ha tolerado la falta de ética. Las imputaciones se multiplicarán en causas penales, denuncias administrativas y hasta un pedido de juicio político para el jefe de Gabinete Chrystian Colombo y el ministro de Economía, José Luis Machinea. La base de la información es un trabajo de pesquisa de la diputada bonaerense Graciela Camaño, integrante de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara.

El origen del problema está en una resolución que firmó en 2000 el entonces secretario de Obras Públicas, Máximo Fioravanti, que originó la denuncia de un representante de la empresa Torcello SA, el abogado Fernando Berot. Esta compañía se presentó a un concurso por el cual debía asesorar a la Corporación Puerto Madero sobre la traza de la autopista Buenos Aires-La Plata en su tramo ribereño (Puerto Madero). En abril de 1999, se aprobó la propuesta de Torciello -un tramo que pasaría por debajo de los diques-sin que al parecer hubiera alguna queja o impugnación. Sin embargo, una resolución posterior firmada por Fioravanti, la N° 31/ 2000, anuló la disposición anterior con el argumento principal de que el Gobierno de la Ciudad no había sido consultado.

El problema ético que se planteó en la denuncia de la empresa afectada, y que ahora exhiben los diputados, tiene que ver con la siguiente situación: Fioravanti, el secretario, fue presidente, accionista y empleado de la empresa ATEC, que también había intervenido en la competencia por el trazado de la autopista en 1998.

La denuncia del abogado Berot fue analizada por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia que conduce Roberto De Michele, subordinado de Massoni. Este funcionario realizó un extenso dictamen sobre el caso, en el que se fijan dos criterios. El primero de ellos, que Fioravanti está incurso en el conflicto de intereses que establece la Ley de Etica Pública para el ejercicio de la función en el artículo 13, inciso c). Esto es, mantuvo vinculación durante el año anterior a su llegada -es el límite temporal que establece aquella ley-al gobierno con una empresa sobre la cual debía emitir resoluciones. El otro juicio que emitió De Michele fue que en el Ministerio de Infraestructura debería anularse lo que dictaminó Fioravanti por la incompatibilidad del funcionario.

El texto de De Michele pasó a la dirección de Asuntos Jurídicos de la Oficina Anticorrupción, donde se emitió un dictamen menos severo. Allí se determinó el conflicto de intereses de Fioravanti pero, para la nulidad de su resolución, aconsejó esperar que llegue al despacho del ministro la causa administrativa iniciada por la empresa afectada. Eso sí, el ministro de Economía (nuevo responsable de Obras Públicas) debería tomar en cuenta entre los antecedentes de su resolución lo expresado por la Oficina Anticorrupción.

Curso administrativo

Finalmente, Massoni resolvió indicar el conflicto de intereses entre Fioravanti como directivo de ATEC y como secretario de Obras Públicas que firma una resolución que beneficia indirectamente a esa empresa. Y siguió el criterio de respetar el curso administrativo para la nulidad de la resolución firmada por el funcionario.

El dictamen pasó al Ministerio de Economía, encargado del despacho del de Infraestructura. Allí se respondió que Fioravanti no había incurrido en conflicto de intereses porque su intervención en el asunto de la traza de la auto-pista había ocurrido más de un año antes de iniciar su actividad oficial. Esto último es cierto, pero oculta que el propio Fioravanti admitió haber pedido licencia como empleado de la empresa ATEC (de la que fue accionista y presidente) para hacerse cargo de la Secretaría, lo cual de por sí constituiría el conflicto de intereses. Por supuesto, el pronunciamiento de Economía recusa la necesidad de anular la resolución por la que Fioravanti intervino en un tema en el que había tenido -o tenía-intereses privados.

Lo más curioso de esta discusión, lo que pone ahora en la picota a Massoni, fue que una vez recibida en la Oficina Anticorrupción la posición de Economía, su titular la adoptó como propia, borrando con el codo su propio dictamen y declarando libre de cualquier reproche a Fioravanti. Ni siquiera quiso someter el caso a la consideración del encargado del área, su subordinado De Michele.

La conducta de Massoni servirá al peronismo para solazarse en una tesis central en ese partido: que la Oficina que preside sólo pretende perseguir a la oposición y resguardar al oficialismo.