Megasesión

Política

El PJ de Diputados intenta limpiar la imagen de parálisis del Congreso. Mientras el bloque negocia cómo llegar a octubre sin estallar en pedazos, Eduardo Camaño quiere armar una megasesión el 3 agosto para demostrar que la gobernabilidad no está en peligro. Por eso prometen debatir una larga lista de proyectos clave para el gobierno. Podría ser la última vez que todos los diputados se vean la cara antes de las elecciones. Debatirán temas polémicos, como la ley que combate la evasión previsional o la de Acceso a la Información. Arrancarán ese día, de todas formas, con un tema que pidió Kirchner, la ley de educación técnica, pero luego deberán aprobar cuestiones espinosas, como la ley de cargos a empresas por obras de energía y hasta la reestatización del astillero Tandanor. No hay acuerdo por ningún tema.

Con conducción unificada o sin ella, en el bloque peronista, la Cámara de Diputados quiere sesionar el próximo 3 de agosto, en la que podría ser la última votación de proyectos antes de las elecciones de octubre. Eduardo Camaño, presidente de la Cámara, es el más interesado en demostrar que más allá de la crisis interna del peronismo, el Congreso puede continuar funcionando. Es, además, un ensayo de cómo puede armarse una transición dentro del bloque PJ si finalmente José María Díaz Bancalari da un paso al costado y el comando de la bancada queda en manos de una conducción colegiada con consenso de todas las partes. Una suerte de convivencia entre enemigos que podría darse con la actual mesa de conducción del bloque sin necesidad de negociar el famoso «triunvirato» para heredar a Díaz Bancalari que no consigue consenso. Para esa sesión de demostración el peronismo tiene que incluir un largo listado de leyes pendientes, algunas clave para el gobierno. Pero la sesión comenzará con un proyecto que es casi una chicana para el Presidente.

Néstor Kirchner
protestó hace 10 días por la falta de funcionamiento del Congreso. En ese momento no hizo mención a ninguno de los temas fuertes en espera -como parte del paquete Antievasión II o la ley que establece el levantamiento del secreto bancario y bursátil sin intervención judicial en investigaciones por lavado de dinero, ahora en el Senado-, sino a una ley, si bien importante, mucho más «humilde»: el nuevo régimen de educación técnica. Esa mención fue casi humillante para los diputados a los que el Presidente acusaba de vagancia y más aún para la oposición, que ve cómo se multiplican los decretos de necesidad y urgencia en reemplazo de leyes que deberían ser debatidas y sancionadas en el Congreso.

Por eso el 3 agosto, prácticamente la última sesión del año, el plenario de Diputados comenzará por ese tema. Pero no será el único: el entramado de leyes que esperan turno para ingresar tanto al recinto de Diputados como del Senado es mucho más grande y complejo
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Muchos se olvidaron ya que están en espera y se deberán discutir antes de fin de año:

• El proyecto de Acceso a la Información Pública, en el que la propia Cristina Kirchner tuvo especial protagonismo al elaborar los principales puntos del proyecto. El problema aquí es que la mayoría no apoya los cambios introducidos por la primera dama.

• El proyecto de ley que establece nuevas herramientas para la AFIP en materia previsional dentro del Plan Antievasión II. Es uno de los puntos más conflictivos ya que otorga superpoderes a la AFIP a través del establecimiento de presunciones para la persecución de los empleados en negro, como considerar que un aumento en la producción, consumo energético, o en compra de insumos, supone la toma de empleados no declarados.
• En la última sesión se intentó aprobar el proyecto de ley de reestatización de los Astilleros Tandanor y la creación de Astilleros Argentinos SA. Esta vez volverá a introducirse en el temario, aunque los trabajadores que la operan como empresa recuperada siguen oponiéndose y amenazan con otra marcha al Congreso.

• El proyecto de Ley de Registro Nacional de Marcas también espera en la lista.

• Mucho más conflictivo es el proyecto de Ley de Creación de Cargos Específicos. Esta norma le otorga amplias facultades al gobierno para establecer cargos específicos a las empresas y grandes comercios -en principio, aunque después puede extenderse a consumidores domiciliarios-para financiar obras de infraestructura de transporte de energía directamente relacionados con la provisión de electricidad y gas a esos consumidores.
El Poder Ejecutivo podrá decidir a quién se aplica esos cargos, el monto, qué obras se financiarán y por cuánto tiempo, todo paralelo a la tarifa de luz o gas que abonen. A esas facultades esta semana se sumó otro problema: diputados duhaldistas presentarán un pedido de informes ante el conocimiento de que esos «cargos específicos» se están aplicando desde mayo a empresas que reciben provisión del recién ampliado gasoducto General San Martín sin que la ley hubiera sido aprobada, lo que irritó aún más los ánimos.

• Proyecto de ley sobre prórroga de jurisdicción en conflictos de inversiones recíprocas.

• Y quedará sin tratamiento la reglamentación de la facultad del Ejecutivo de dictar los decretos de necesidad y urgencia.
En el Senado el apuro no es menor, aunque las posibilidades de sesionar son más amplias que en Diputados. Allí esperan:

• El proyecto de ley en revisión que sustituye los Arts. 18 y 19 de la Ley 24.769 -Régimen Penal Tributario-incluido también en el Plan Antievasión II.

• La modificación a la ley de concursos y quiebras.

• El proyecto de modificación a la ley de trasplantes que establece la figura del donante presunto, que fue modificado en Diputados.

• La modificación a la Ley 23.737 de estupefacientes.

• Creación de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada (EURL).

• El nuevo régimen de Contrato de la Medicina Prepaga.

• La modificación a la Ley 25.246 de Lavado de Dinero que otorga mayores poderes a la Unidad de Información Financiera obligando a bancos, AFJP, casas de cambio, sociedades de Bolsa e incluso hasta los casinos a levantar el secreto bancario o bursátil sobre sus clientes cuando ésta lo requiera sin autorización previa de un juez.

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