Ayer, Carlos Menem le comunicó por escrito a María Servini de Cubría que hoy irá a la audiencia de conciliación ordenada por la jueza electoral para encontrar una salida política a la controversia interna planteada ante la Justicia. El ex presidente también le informó que estará acompañado por el vicepresidente a cargo del Consejo Nacional del PJ -Menem está en uso de licencia en el ejercicio de la presidencia-Rubén Marín. También ayer, el fiscal electoral Jorge Felipe Di Lello -principal ideólogo de la conciliación-requirió que se extienda esta audiencia a los precandidatos José Manuel de la Sota, Adolfo Rodríguez Saá y Néstor Kirchner, además de Menem y de Eduardo Duhalde, este último en calidad de titular del Congreso del PJ.
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La jueza convocó a esta audiencia convencida de que el enfrentamiento entre menemistas y duhaldistas por los plazos electorales -Menem quiere internas en diciembre mientras Duhalde aspira a postergarlasse resuelve mediante un acuerdo entre las partes y no a través de un largo proceso judicial que amenaza con ingresar en un laberinto jurídico de impugnaciones cruzadas que alargarán considerablemente los tiempos. Este razonamiento se abona con lo que ocurre en las distintas instancias en torno al proceso judicial abierto por los peronistas: a) declaración de inconstitucionalidad del decreto de convocatoria de internas de Duhalde y b) impugnaciones y validez del Congreso Ordinario del PJ de Lanús del 10 de noviembre de 2001, rechazo a la convocatoria de un Congreso Extraordinario solicitado por Duhalde y autoconvocatoria a otro Congreso Extraordinario ante la suspensión por parte de la Justicia de los dos anteriores.
El primer fallo de Servini que anuló la convocatoria a internas en forma simultánea y abierta, dejándolas libradas a lo reglada por cada carta orgánica de los partidos políticos aún no llegó a la Cámara Nacional Electoral a quien se le adjudica un criterio revocatorio del fallo de la jueza electoral. Pero en ese tribunal no sólo se desmiente esa información -propalada con insistencia por algunos medios-sino que le atribuye a una operación político-mediática sobre la cámara. Se argumenta que el expediente se demorará unos 20 días en llegar a la Cámara por los recursos cruzados que existen en primera instancia que traban el proceso. Pero, posteriormente, cualquiera sea el fallo se especula que la decisión de los camaristas Rodolfo Munne, Santiago Corcuera y Alberto Dallavía será apelada ante la Corte.
Si bien en la máxima instancia no hay plazos, una cuestión de la gravedad institucional de este juicio obligaría a una decisión inmediata, pero en todo caso entre que se concede o rechaza el recurso extraordinario, el caso no puede resolverse en menos de un mes. Este razonamiento es lo que permite deducir que las partes que insistan en mantener el caso dentro de la jurisdicción judicial, lo que conseguirán es que se atrasen todos los plazos. Esta estrategia es la que hizo que tanto los apoderados de Menem como de Rodríguez Saá especulen que Duhalde recurre a la Justicia para ganar tiempo y postergar la convocatoria a elecciones tanto internas como externas. Lo mismo ocurre con las impugnaciones cruzadas a los congresos partidarios: mantenerlos dentro de la órbita de la Justicia es prolongarlos en el tiempo. Por eso Di Lello y, ahora, Servini creen que se debe acordar políticamente para una salida rápida.
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