Militantes de Lousteau, imputados por lavado de dinero

Emiliano Yacobitti.

El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5, imputó a autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hasta administración infiel, esto último en caso de comprobarse la existencia de sobreprecios.

Los tres principales acusados son José Luis Giusti -ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas-; Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y Administración de la UBA y titular de la Unión Cívica Radical (UCR) porteña; y Sergio Gastón Ricardo, ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la FCE-UBA, quienes a su vez serían asesores de Martín Lousteau, ex candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por parte del espacio "Energía Ciudadana Organizada".

De acuerdo a lo señalado por el representante del Ministerio Público Fiscal en su requerimiento de instrucción, los imputados habrían utilizado el alto cargo jerárquico desempeñado en la casa de estudios para desviar millonarias contrataciones del Hospital de Clínicas "José de San Martín" -dependiente de la UBA- hacía proveedoras de insumos y medicamentos con las cuales estaban directamente vinculados.

Para llevarse a cabo, las maniobras habrían contado con la complicidad clave de quienes sucesivamente se desempañaron al frente de la Dirección de Administración del Hospital de Clínicas -Marcos Coy, Omar Quiroga y Leopoldo Bordoli- quienes habrían sido especialmente designados para cumplir ese rol.

El 24 de junio pasado, una emisión del canal de noticias C5N dio cuenta de posibles hechos de corrupción a partir de contrataciones irregulares entre el Hospital de Clínicas y proveedoras de insumos y medicamentos.

Además de enriquecer a sus protagonistas, parte del excedente originado en las maniobras -que incluirían sobreprecios o, incluso, la falta de entrega de las mercaderías- habría sido canalizado para financiar la campaña electoral del entonces candidato Martín Lousteau. Tras esa emisión, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició una investigación preliminar que derivó, semanas atrás, en la presentación de una denuncia penal por los delitos de negociaciones incompatibles, administración infiel, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Parte de esa pesquisa puso de relieve justamente los múltiples vínculos existentes entre José Luis Giusti, Emilio Yacobitti y Sergio Ricardo con Coy, Quiroga y Bordoli, quienes desde 23 de febrero de 2007 y hasta el mes de junio de 2015 se desempeñaron sucesivamente al frente de la Dirección General de Administración del Hospital de Clínicas. "Podría inferirse que ellos fueron designados estratégicamente en ese cargo para favorecer sus intereses privados y de su círculo de confianza", concluyó la Procelac.

En base a la investigación de la Procuraduría especializada, se pudo corroborar diversas contrataciones que beneficiaron a un conglomerado de empresas, entre las que se encuentran Medipack S.A., que desde el 9 de abril de 2008 hasta el 19 de marzo de 2014 obtuvo 69 contratos por un total de $11,229 millones.

Se trata de una sociedad que fue constituida en septiembre de 2003 por Diego Pellegrini, cuñado del imputado Sergio Gastón Ricardo. Es decir, quienes contrataban y eran contratados formaban parte de un "círculo íntimo", modus operandi que se reitera en todas las operaciones bajo análisis.

El Hospital de Clínicas no es el único nosocomio en el cual se habrían producido este tipo de irregularidades: Sergio Gastón Ricardo se desempeñó también como director General de Administración del Hospital Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna), período durante el cual se proveyó de medicamentos a través de Medipack, al menos entre 2009 y julio de 2014, aunque por cifras inferiores ($144.525).

"Si bien esta cifra es muy inferior a la de la Universidad de Buenos Aires, estas contrataciones irregulares demuestran que estas personas no distinguen entre lo público y lo privado, sino que utilizan las instituciones del Estado para engrosar su patrimonio personal, y dejar de lado el tan preciado bien común por el que deben velar", consignó el fiscal federal Franco Picardo en su presentación.

Asimismo, el representante del MPF indicó que las irregularidades detectadas no se limitan a los "negocios" entre el Hospital de Clínicas y determinadas proveedoras de insumos y medicamentos, sino que también alcanzan a la Facultad de Ciencias Económicas.

En este sentido, apuntó que Yacobitti, Giusti y Ricardo formarían parte a través de Lucas CIPCIC -presunto testaferro del primero- de una red de consultoras que no ofrecen ningún tipo de servicio, no obstante lo cual le facturan a la casa de estudios.

Según esa fuente, el profesional que emite la factura en cuestión recibe un 20% del monto allí consignado; quien acercó a ese profesional retiene el 10%; Lucas CIPCIC obtendría un 20%; y finalmente el saldo restante (50%) se lo quedaría Yacobitti. "Para esa operatoria, habría sido clave la designación de Sergio Gastón Ricardo, en el cargo de Secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA", indicó.

En su requerimiento de instrucción, Picardi señaló que Giusti, Yacobitti y Ricardo poseen "numerosos negocios espurios" con la Universidad de Buenos Aires, situación incompatible por ser funcionarios públicos de esa institución y que avizora "un claro conflicto de intereses" para los cuales se valieron, entre otras maniobras, en la designación de personas de su absoluta confianza en cargos estratégicos de esa casa de estudios.

Así las cosas, Picardi extendió la imputación no sólo a quienes desempeñaron esos cargos estratégicos -en el Hospital de Clínicas, particularmente- sino también a las personas que integran el conglomerado de sociedades contratadas, con quienes los principales acusados tienen, en algunos casos, relaciones de parentesco.

De acuerdo a la investigación, parte del producido de las actividades ilícitas habría sido destinado por Giusti, Yacobitti y Ricardo para incrementar sus patrimonios "de manera apreciable e injustificada", ya sea en forma directa o a través de terceras personas.

"Dicho incremento patrimonial se habría configurado mediante la utilización del dinero ilícito para solventar ostentosos viajes y gastos diarios, como así también para adquirir bienes inmuebles, vehículos de alta gama y hasta una aeronave, tanto a su nombre como a nombre de las sociedades y de las personas que fueron descriptas como su círculo íntimo", indicó el fiscal federal Franco Picardi.

Particularmente, durante el período investigado Giusti viajó al exterior en veinte oportunidades y adquirió cinco inmuebles y dos vehículos. Así las cosas, el fiscal solicitó un gran número de medidas probatorias para avanzar en la investigación, entre los que se encuentran pedidos de información a organismos públicos.