Militares temen golpe de mano a "caja" clave

Jorge Godoy

El salario castrense es uno de los asuntos más urgentes en la agenda del gobierno. Dos razones lo explican. Necesidad electoral ante un escenario que se perfila de ballottage, y llegar al hueso en el control de los uniformados a través de la caja previsional.

En la tarde de ayer Nilda Garré mantuvo una reunión a puertas cerradas en su despacho con los cuatro jefes militares. Lo que se habló permanece en secreto. Sí se confirmó que la cúpula castrense llevó propuestas referidas al tema salarial. También que no hay «conjuntez» a la hora de presentar proyectos. Al menos uno de los jefes es partidario de «ceder» porque, «de eso se trata la política». Claro, antes la ministra había generado el ambiente negociador: solicitó las propuestas para ascenso a generales y equivalentes de las otras armas, que deben estar en su despacho el 1 de octubre. Todo comenzó el viernes pasado. Al calor del último anuncio de aumento a los retirados, Néstor Kirchner ordenóa Garré encontrar caminos alternativos para zanjar la brecha que existe entre el haber del personal en actividad y los retirados. Esta diferencia en otorgar mejoras salariales viene de anteriores gestiones; la inauguró Domingo Cavallo y Kirchner la profundizó. Ocurre porque no se cumple la ley (N° 19.101 del Personal Militar) y se otorgan aumentos por la vía de suplementos no remunerativos y no bonificables a la gente en actividad que no modifican el haber y así se excluye a los pasivos. Con ese santo y seña, el mediodía del lunes Alfredo Forti, secretario de Asuntos Militares, disparó una instrucción por escrito a los cuatro jefes que incluyó, además del tema salarios, el espinoso asunto de la reforma orgánica del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), la caja previsional encargada del pago a retirados y pensionados.

Por cuerda separada llegó al IAF la misma instrucción firmadapor Carlos Borghini, director de Recursos Humanos del ministerio. No hubo uniformado que no concluyera que se estaba ante la típica «operación de pinzas» para ponerle el moño a la decisión de separar a activos de pasivos, clausurar el IAF y pasar el padrón de retirados a la ANSeS.

El antecedente del divorcio alentado desde el gobierno fue que los retirados recibieron aumentos sólo con el cronograma de los jubilados civiles. Y con porcentajes diferenciados de sus colegas en actividad. Por primera vez en la era Kirchner se respira aire enrarecido dentro del edificio Libertador.

Reunión

El subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), vicealmirante José Manzor, segundo en antigüedad de la Marina, encabezó una reunión en la mañana de ayer organizada sólo para altos oficiales, entre los cuales estaba el general Daniel Camponovo, comandante operacional del EMC, responsable máximo de los «fierros» de las tres fuerzas, con el propósito de evaluar la situación de los cuadros en retiro y la continuidad del IAF. Se pasó revista a la sucesión de hechos que desde la órbita de Defensa alentaron la decisión de modificar la estructura del IAF. La reseña sorprendió a más de uno porque la propia Sindicatura General de la Nación ( SIGEN) había puesto ciertos reparos a la reforma y calificaba como positiva la gestión financiera de la caja de jubilación militar. También se supo, por infidencias internas del IAF, la posición negociadora del jefe naval, Jorge Godoy, quien no se opondría a la pluralidad que otorgaría la incorporación de representantes de otros ministerios al staff de la caja militar. Lo del IAF corrió boca a boca por los cuarteles e instaló un dilema: ¿quién está dispuesto a ingresar a fuerzas armadas cuyos incentivos materiales son mínimos, y quién estará dispuesto hoy a continuar a sabiendas de que se avecina un cambio en su futuro como retirado? Hay veces que el ajuste debilita las instituciones y éste parecería ser el caso. El retirado, según lo describe la ley, cumple una función estratégica del país: constituye la reserva militar que en caso de emergencia o grave conflicto se incorpora a las filas activas. Así se hizo durante la guerra del Atlántico sur; la Fuerza Aérea, por caso, llamó pilotos que estaban volando en empresas comerciales. El titular del Ejército, teniente general Roberto Bendini, fue el único -al menos dejó la huella- que intentó torcer la suerte del IAF días pasados, e interesó a Carlos Zannini. La gestión oficiosa derivó en un nuevo análisis del proyecto de decreto auspiciado por Garré por parte de expertos de la Secretaría Legal y Técnica.