No habrá superpoderes para fondos reservados

«Para que no digan que no les prestamos atención», dijo Cristina Kirchner, acorralada por la oposición y la prensa. Y concedió anoche, en el Senado: «Queremos que los superpoderes no rijan para los fondos reservados de la SIDE». Esta resignación es algo, por lo menos simbólico, frente a la expansión que produjo el gobierno sobre el Congreso al avanzar, anoche, la aprobación de los superpoderes para el jefe de Gabinete y también el dictamen de comisión, en Diputados, para los decretos de necesidad y urgencia. La restricción de los superpoderes para los fondos de la SIDE es teórica. Es cierto que el gobierno se inhibiría de aumentar las partidas de ese organismo durante la campaña electoral. Pero sigue siendo demasiado opaco el destino que les da la inteligencia del Estado a los 290 millones de pesos anuales que le asigna el Presupuesto.

La senadora Cristina Kirchner tuvo una larga exposición para defender el proyecto del gobierno para reasignar partidas presupuestarias.

El Senado se encontraba anoche en medio de un debate entre el kirchnerismo y la oposición antes de encaminarse a aprobar el proyecto que modifica el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera del Estado, más conocido como de « superpoderes».

Esa ley que le permitirá al jefe de Gabinete modificar partidas sin tener en cuenta la finalidad que les dio el Congreso en la Ley de Presupuesto, fija por primera vez una cesión de facultades en forma permanente al Poder Ejecutivo. Esa es precisamente la diferencia esencial entre los casos de gobiernos anteriores que reclamaron esas facultades -los que Cristina Kirchner puntillosamente recopiló ayer en el recinto- y esta reforma que exige ahora el gobierno.

Tampoco puede evitarse en el análisis que esos superpoderesque se cedieron temporalmente a los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde e inclusive Néstor Kirchner, fueron sancionados en situaciones absolutamente opuestas a las actuales para la economía argentina. Y mas aún, siempre fueron el antecedente de una crisis, como sucedió con la ley de superpoderes que se concedieron a Fernando de la Rúa, los que eran más amplios que los actuales, pero con fecha clara de vencimiento. De hecho ese día no se llegó a cumplir ya que el peronismo los derogó, ni bien cayó el gobierno de la Alianza.

El peronismo comenzó la sesión de ayer con una protestapor la crítica de los mediosa haberse modificado los tiempos de exposición de los senadores para justificar los largos discursos de Cristina Kirchner la semana pasada -en una sesión llegó a hablar tres horas y treinta y cinco minutos casi quintuplicando el tiempo que tiene cada legislador sin que nadie se lo hiciera notar-, algo que la oposición convalidó. Las protestas partieron tanto de Miguel Pichetto como de la propia senadora: «Los tiempos que hemos utilizado fueron acordados en Labor Parlamentaria», se defendió Cristina, «Parecía que me había apropiado del reglamento y lo había violado. Casi todos los senadores hablan con los medios y ellos saben lo que se acuerda», bramó en el recinto.

Inició el debate el chaqueño Jorge Capitanich, como virtual miembro informante y luego la primera dama insistió con la tesis que Alberto Fernández había desplegado hace una semana en el recinto: «Esta es una norma que rige en muchísimas provincias argentinas y municipalidades».

Nueva teoría

En sus casi dos horas de disertación, Cristina ensayó ayer una nueva teoría sobre la división de poderes. «El artículo de la Constitución que consagra el derecho de propiedad privada es el verdadero eje en base al que Occidente construye la división de poderes», arrancó. Desplegó luego la historia del comienzo de los parlamentos en el mundo, desde los controles a Juan sin Tierra con la consagración de la primera Carta Magna, hasta los orígenes de la revolución americana por la creación del impuesto al té. Todo el argumento estuvo destinado a sostener que la división de poderes se asienta en el poder impositivo del Congreso y no en la función de asignar con rigidez las partidas presupuestarias: «Esto es la posibilidad de restringir la propiedad privada. Este es el fundamento de la división de poderes. Es más, podemos decir que en nuestro ordenamiento se defiende con mayor certeza la propiedad que la vida de los individuos», se arriesgó.

Reforma

La insistencia de Cristina luego se basó en que el gobierno sólo pedía la modificación de un artículo de la Ley 24.156 -de Administración Financiera- «una ley que tiene 137 artículos». Después de recordar la historia de las demoras en la votación de los presupuestos durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Cristina propuso una reforma al proyecto que se estaba votando: «Quiero proponer una reforma al despacho que yo firme. Es importante que esta modificación al artículo 37 tenga una limitación: el incremento de las partidas para gastos reservados y de inteligencia que sólo podrán ser aprobados por el Congreso». Los senadores de la oposición esperaban que en realidad Cristina Kirchner pidiera otra excepción a los poderes especiales: la de modificar las partidas de la Jurisdicción 91-Obligaciones a Cargo del Tesoro, una cuenta que maneja mas de $ 8.500 millones y sobre la que el gobierno se reservó ya en el Presupuesto 2005 el manejo absoluto, al modificar en ese momento la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto.

La respuesta más dura al planteo de Cristina llegó del radical jujeño Gerardo Morales que, para empardarla, también habló durante dos horas. «Nos preocupa la filosofía del gobierno. El jefe de Gabinete la semana pasada reclamó un derecho, no vino a este recinto a pedir una delegación de facultades. Explicó después que el gobierno ya tiene facultades para modificar el destino de créditos sin discriminar, transferencias, servicios profesionales y bienes de uso, más aplicaciones financieras y el superávit por un monto que supera los $ 100.000 millones.» Otro radical, Luis Naidenoff Petcof también le retrucó: «Con la delegación de facultades extraordinarias vamos camino a un escenario de crisis institucional producto de ceder facultades que son propias del Congreso nacional».