Nuevo enojo oficial por los piqueteros en Salta y llamadas

La que debía ser una mañana de festejo por los resultados electorales se le agrió a Néstor Kirchner con una rabieta, además doble. Estalló en la mañana de ayer al ver los efectos en la prensa del informe del procurador de la Corte de Buenos Aires sobre uso de teléfonos de la Casa de Gobierno en crímenes, especialmente secuestros. Cree que esa noticia es una fabricación política hecha por sectores de la policía bonaerense como venganza a sus críticas a los comisarios de esa fuerza acusados de corrupción. Esa atribución intentaría extender responsabilidades criminales a reparticiones nacionales con intención política, Obvio que esto merecerá en las próximas horas una respuesta del gobierno de Felipe Solá. Un segundo enojo tuvo como blanco a ministros y secretarios de su gabinete que cree manejaron mal las relaciones con los piqueteros que terminaron con el incendio de la sede de la empresa Techint en Salta. Ordenó endurecer el trato con esos piqueteros y acompañar políticamente la denuncia que hará esa empresa por las tropelías salteñas.

Lo que pudo ser el festejo fue la rabieta del día después. Néstor Kirchner, que logró en el domingo electoral un dominio que le da un control holgado del futuro inmediato, estalló ayer en su despacho ante los funcionarios que merodeaban por el área presidencial.

El disgusto madre en la mañana de ayer se lo dio la noticia de que el informe del procurador Eduardo de la Cruz (funcionario de la Corte de Buenos Aires) señalaba miles de llamadas cruzadas entre presuntos secuestradores y despachos de la propia Casa de Gobierno.

La noticia la tenía el Presidente desde hace una semana, cuando se la acercó Felipe Solá en la soledad de su despacho. Lo que no creía Kirchner es que durante tres días los diarios azotasen desde La Plata -desde donde se disparó el informe-con acusaciones insoportables a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y ahora a la propia sede de la Casa de Gobierno.

«Es una maniobra de la Bonaerense contra el gobierno nacional», se le escuchó en un tono tan alto como inocultable para toda el área presidencial.

Niegan las paredes que pronunciase juicio alguno sobre Felipe Solá, a quien tiene como socio político en la pelea por los espacios internos del peronismo. Al Presidente le pareció un despropósito que la administración provincial le diera tanto relieve a la denuncia del procurador De la Cruz, más aun cuando el propio informe que va conociéndose a cuentagotas no menciona responsabilidad alguna de ningún funcionario, con o sin uniforme.

El reto presidencial no tuvo destinatario preciso, sólo una broma que alimentó la otra de la mañana, previa al acto de anuncio formal de la construcción del Gasoducto del Norte, a la que asistieron los gobernadores de las provincias beneficiadas por el emprendimiento (ver nota en pág. 9). Fue por los efectos del incendio a una sede de la empresa Techint en Salta. «Me dijeron que eso estaba controlado», se enfureció Kirchner cuando señaló al negociador formal con la raza piquetera, el secretario presidencial Oscar Parrilli.

Aníbal Fernández también cobró, pero por solidaridad con el neuquino Parrilli. El ministro del Interior es uno de los hombres con más experiencia en la negociación con ese sector y se había comprometido ayer a recibir a los ex empleados de YPF cuya queja alimentó la agresión contra la firma Techint.

Eso y su reciente amistad con Parrilli, basada en el intercambio de teléfonos de dirigentes piqueteros, lo complicó en el reto presidencial.

Al ingresar al acto del gasoducto, el enojo con los piqueteros animó un primer diálogo con el titular de la empresa afectada, Paolo Rocca, que fue el primero en enterarse de un giro en la política del gobierno hacia las agresiones de los activistas y los cortes de ruta. « No los vamos a tolerar más, se acabó», tronó Kirchner ante empresarios y gobernadores. «Hay que llevar -agregó-los casos a la Justicia.» No faltó quien le reprochase un ánimo cambiante sobre ese punto, que mandó a Carlos Tomada a denunciar la toma del Ministerio de Trabajo y dos días después lo mandó a retirar la demanda.

«Se acabó», le escucharon repetir. Llevado por esa ola, Paolo Rocca anunció que él mismo ordenará a sus abogados a hacer la denuncia penal contra los activistas que incendiaron las instalaciones en Salta y que sacaron de caja al Presidente el día en que pensaba sólo en festejar.