Otra polémica por apuestas porteñas

Empleados del casino flotante de Puerto Madero marcharán hoy para reclamar seguridad después de los incidentes que protagonizaron el viernes pasado. Hubo destrozos y una decena de heridos.

Casi en sigilo, los legisladores porteños guardan, por estas horas, el rumbo de una de las situaciones más polémicas en la relación de la Ciudad de Buenos Aires con la Nación: los juegos de apuestas.

Raro que Mauricio Macri no se haya pronunciado aún, pero legisladores de su bloque, como de la oposición, saben que hace diez días se prorrogó automáticamente un convenio que deja en manos de Lotería Nacional el control y explotación de las apuestas porteñas. De contramano con la Constitución local que asegura que «la Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera a agencias de distribución y expendio» y que «su producido es destinado a la asistencia y al desarrollo social».

Sin embargo, ante la imposibilidad en su momento de ejercer esa autonomía, el ex jefe porteño Aníbal Ibarra suscribió un acuerdo para que, aún resignando casi toda la explotación, Lotería Nacional le dé a la Ciudad parte del producido del juego.

Convenio tácito

Se aludió en ese momento que un primer convenio existente tácitamente permitiría la instalación de un nuevo buque casino y hasta se lo recurrió en la Justicia hasta que finalmente cobró vigencia y fue refrendado por la Legislatura porteña. El segundo convenio, el de 2003, estableció en cambio que «Lotería no autorizará ni admitirá la instalación o funcionamiento de nuevas salas de bingo ni casinos, ni salas de máquinas tragamonedas distintos de los ahora existentes».

El convenio terminó el 31 de octubre y estaría prorrogado de facto, aunque en la Legislatura ya se habla de la posibilidad de un nuevo acuerdo que extendería los plazos de vigencia por 20 años. Nadie cree que una reedición de la Ley 1182 que homologó el convenio de 2003 fuera posible de sancionar hoy, pero es cierto que la idea de reconvertir los montos que recibe la Ciudad es permanente entre los legisladores. Tampoco nadie cree que Jorge Telerman se otorgaría tal despedida del cargo.

Lo cierto es que el Instituto del Juego de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo ex director, Carlos Gallo, se apartó tras una polémica con el ministro de Producción de Telerman y algunas complicaciones judiciales, no ha dado noticias de recurrir el convenio durante su vigencia. Tampoco, claro, lo ha hecho Lotería Nacional, foco de otro escándalo reciente cuando formuló el llamado a licitación de los cinco bingos de la Capital Federal.

Curiosamente, sólo el legislador macrista Daniel Amoroso, secretario general del sindicato de trabajadores de juegos de azar, protestó por la medida. Fue en agosto, cuando quizá ya se había terminado el plazo para rescindir el convenio, de acuerdo con la letra de éste que, con el acuerdo de los legisladores, dispuso: «Tendrá una vigencia de 4 años a partir de su aprobación, y se considerará prorrogado por períodos iguales en tanto las partes no manifiesten su voluntad en contrario de modo fehaciente con ciento veinte días de anticipación al respectivo vencimiento».

Ese convenio otorgó, en su primera cláusula, «mantener la exclusividad de Lotería en la explotación, comercialización y fiscalización de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas que ésta viene desarrollando en el ámbito local». No le permite, en cambio, abrir nuevos juegos.

«Sólo podrán habilitarse nuevos juegos o explotaciones con la conformidad concurrente de ambas partes», dice el acuerdo que también estableció que Lotería distribuya utilidades a la Ciudad.