La Auditoría General de la Nación (AGN) está virtualmente paralizada por una pelea doméstica, protagonizada por 2 peronistas, el presidente del organismo Rodolfo Barra y Héctor Durán Sabas. El enfrentamiento se debe a que Barra convalidó una maniobra del Senado para reemplazar a su contradictor y a otros 2 auditores, cuyos mandatos estarían vencidos. Ayer, esta severa discrepancia entre colegas de la Auditoría fue revelada por Durán Sabas durante una entrevista radial.
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La falta de fondos también impide el normal funcionamiento, ya que no hay control estatal del gasto desde hace casi 2 meses. Paradójicamente, la institución que podría recomendar cómo optimizar los recursos públicos -y pesquisar cualquier deficiencia o eventual irregularidad administrativa (de hecho, se había abocado a investigar el megacanje)- permanece fuera de circulación.
Al desfinanciamiento, hay que agregar una puja con parte del bloque justicialista del Senado que amaga con reemplazar a 3 auditores con otros tantos legisladores que serán desocupados a fin de año, y la polémica intestina doméstica entre peronistas de la Auditoría, precisamente, por la presión de la Cámara alta.
Ayer, tomó estado público el malestar del eduardista Durán Sabas con su colega Barra porque éste consideró válido el reclamo de vacantes. Obviamente, Durán -que exteriorizó por radio su pataleo-ocupa una de las plazas que, a criterio de la comisión de Asuntos Constitucionales, deberían ser desocupadas de inmediato para habilitar el ingreso de nuevos miembros.
Mandatos vencidos
El dictamen de la dependencia que comanda el riojano Jorge Yoma -avalado por Barra-sostiene que el mandato de Durán y los de Andrés Fólica y Julio Casavelos ya están vencidos y, por lo tanto, corresponde habilitar sustituciones en el corto plazo. En el banco de suplentes, están sentados los senadores peronistas Julio San Millán (Salta), Gerardo Palacios (Tierra del Fuego) y el santiagueño Jorge Mikkelsen Löth. Por la campaña electoral, la embestida senatorial no pasó a mayores todavía, aunque continúa vigente y puede llegar a recalentarse por el duelo Durán-Barra.
A comienzos de agosto, la AGN sufrió un serio recorte de partidas presupuestarias -cerca de $ 4 millones-que obligaron a suspender los trabajos de campo, por lo general, a cargo de abogados, contadores y peritos que no tienen relación de dependencia con el Estado. Las autoridades remitieron cartas al jefe de gabinete Chrystian Colombo y a Fernando de la Rúa -con copia al Congreso, del cual depende la Auditoríareclamando auxilio monetario. Fue el paso previo a repetir el clamor a las precisiones de Domingo Cavallo.
A los 350 contratados que quedaron sin trabajo (y, en muchos casos, sin percibir honorarios) y que deben supervisar la ejecución de las cuentas públicas, se sumó después la poda salarial de 13% a la planta permanente, en cumplimiento de la Ley de Déficit Cero que obligó al gobierno a no gastar más de lo que se recauda. Con profesionales independientes con contratos suspendidos y empleados domésticos en disconformidad por los tijeretazos a sueldos, la Auditoría quedó prácticamente cerrada y sólo cumple con tareas básicas.
Al panorama desalentador -por si fuera poco-, se acopló la amenaza de Economía de amputar aun más los recursos en el Presupuesto 2002. Se hablaba de bajar, a partir del año que viene, de 28 a $ 23 millones los fondos del organismo que preside el justicialista Barra e integran 3 auditores del mismo partido.
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