La polémica por la incorporación de familiares de funcionarios al blanqueo sumó un nuevo capítulo. Este lunes, legisladores del Frente para la Victoria (FpV) y Abogados por la Justicia Social (AJUS) solicitaron ante la Justicia declarar inconstitucional el decreto.
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Vale recordar que el miércoles pasado, a través de un decreto, se oficializó la medida que permite que parientes puedan blanquear si justifican que se tratan de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.
En su artículo 6, el texto afirma que la "exteriorización de capitales" podrá ser realizada en los casos de bienes y tenencia de moneda que puedan acreditar que son anteriores al momento en el que su familiar haya ingresado al Estado.
La ley 27.260, sancionada a mitad de año, asegura que no pueden blanquear ningún funcionario del ámbito nacional, provincial o municipal, en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como tampoco aquellos que hayan ocupado dichos cargos a partir del 1 de enero de 2010, estén o no actualmente en funciones.
En el artículo 83 de la presente ley, extiende la prohibición a "cónyuges, padres e hijos menores emancipados". Una enumeración que deja libre a, por ejemplo, hermanos, primos, sobrinos, tíos, nietos e hijos mayores de edad.
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