Pocas ideas nuevas y hasta una autocrítica

El trayecto que lleva desde el centro porteño hasta el MALBA, en Palermo Chico, apareció ayer con profusión de cartelería crítica hacia "Clarín". En ese museo se presentaba la biografía autorizada del CEO del monopolio, Héctor Magnetto.

Comenzo el gobierno a mostrarla baraja en materia de medios, pero si la intención es hacer un cambio en el sistema que rige en la Argentina, afectado por la manipulación y los oligopolios, lo que muestra son los naipes más bajos. La declaración de principios que hace circular en estas horas reitera los axiomas de la declaración de Costa Rica sobre la necesidad de asegurar el libre acceso del público a información completa y diversificada, contracara de la libertad de expresión del público a través de los medios. Dos principios atropellados en un país en el cual el Estado es socio de oligopolios que dominan, a contrapelo de las normas antimonopolios que los gobiernos, incluso el actual, se resisten a aplicar.

Es alentador que el gobierno se comprometa, como dice la declaración de principios, a no manejar los medios del Estado como si fueran del gobierno. Es lo que han hecho todos los gobiernos desde siempre, incluso éste, que abusa del término «público» cuando publicita «Canal 7» o «Radio Nacional» como si fueran tales, cuando en realidad son víctimas de otra privatización, ahora en manos de los funcionarios de turno, sus proyectos, sus ideas; cuando no sus negocios.

También es prometedor que esa declaración del oficialismo diga que se impedirán las presionessobre los medios o direccionarla publicidad oficial. El actual gobierno ha sido acusado de hacerlo por entidades locales e internacionales. Tras cinco años de gobiernos Kirchner se promete desde la Casa de Gobierno dejar de hacerlo. ¿Callará la Presidente en sus discursos acerca de lo que los medios dicen y muestran? Hasta ayer lo hizo, rodeada de carteles que señalan al monopolio «Clarín» como mentiroso y malintencionado. Es habitual que los gobiernos despierten un día con ideas buenas que, de ser sinceras, podrían haber tomado apenas asumieron. A lo mejor llega la hora de aquel lema olvidado de que éste es el cambio dentro del cambio.

El resto de las intenciones declaradas en el documento oficial son inocuas porque ya están incluidas en la actual ley de radiodifusión: la prohibición de que funcionarios electivos posean medios, por ejemplo, rige desde 1972 pero no se cumple, como tampoco la posesión de medios que dominen en un mercado determinado. La historia de esta norma, como las otras también vigentes en materia de competencia comercial para reprimir la formación de oligopolios es, en la Argentina, la historia de la vista gorda desde el Estado.

También se reiteran cláusulas que ya rigen, como la que obliga a la producción nacional de mensajes publicitarios, la posibilidad de que cooperativas y entidades sin fines de lucro administren medios (fue objeto de la última reforma a la ley en 2005) o la prohibición de la formación de cadenas. Este veto a la formación de cadenas nacionales figura en todas las normas de radiodifusión que han regido desde 1955.

Cadenas

Lo impuso el gobierno de la llamada Revolución Libertadora para impedir que en el futuro se recrease el sistema autoritario impuesto por el peronismo entre 1946 y 1955, que le dio al Estado todas las radios y la única TV mediante la cadena Alea, mientras que el gobierno dominaba una poderosa cadena de diarios mediante la empresa Alea en la que figuraba como accionista Eva Duarte de Perón.

Esa prohibición de las cadenas es una característica del sistema argentino que lo diferencia del resto del mundo y pretende amortiguar la manipulación de la sociedad a través de los medios audiovisuales. Este gobierno peronista de los Kirchner se compromete en este documento a perpetuar ese principio legislativo inspirado en el gobierno que derrocó a Juan Perón con el propósito de que no hubiera nuevos perones.

Menos alentadores son algunos propósitos enunciados en el documento: uno es el proyecto de que las prórrogas de licencias se hagan mediante audiencias públicas «vinculantes» que pueden llevar la metodología piqueteraa la asignación de frecuencias.Otro es que exista un períodode excepción que permita reparar «las necesidades de aquellos impedidos a acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la Ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional». Leído así podría dar lugar a un jubileo de revisión de todas las licencias, un exceso promovido por un gobierno que, contra toda lógica y razón, extendió bajo el mandato de Néstor Kirchner las licencias a todos los medios audiovisuales. Nada gusta más a los autoritarios que los regímenes de excepción, que terminan muchas veces siendo un tiempo para las revanchas.

En el terreno de lo discutible está la promesa de una cuota de pantalla en medios para las películas nacionales. Ya existe esa norma para las salas y no se cumple porque ningún distribuidor quiere pasar films que el público rechaza. Ignora esa declaración también que en la Argentina los canales de TV son productores de películas y se aplican a sí mismos esa norma para sus productos, aprovechando la publicidad a costo cero que les permite ser licenciatarios de TV y radios. Para colmo, ya lograron los canales bajo el gobierno de Carlos Menem que parte del dinero de las multas que deben pagar al COMFER vaya a un fondo para producir películas, creando otra de las calesitas criollas que funcionan con dinero público en beneficio de particulares.

El remate es el absurdo de crear una «defensoría del público » de los medios con delegaciones en todo el país -seguramente pagada por el Estado- para recoger las quejas por lo que se emita
por radio y TV. Este nuevo observatorio habilita de nuevo la pregunta: ¿Quién defenderá alguna vez a los argentinos de esa nueva raza de los defensores públicos?