Policía porteña desata guerra con provincias

Antonio Cafiero

El traspaso de parte de la Policía Federal al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previa modificación de la ley Cafiero -votada a instancias de Antonio Cafiero-que restringió la autonomía que la Constitución de 1994 le reconoció, fue un tema que con mayor o menor comodidad trataron todos los candidatos a jefe de Gobierno. Todos le prometieron al electorado el traspaso de la Policía como eje de la solución al problema de inseguridad que sigue ubicándose en primer lugar en las encuestas.

Pero esa autonomía, que involucra también a la Justicia nacional con competencia sobre la Ciudad de la que poco hablaron los candidatos, tiene un problema esencial: los fondos.

La discusión sobre quién pone los fondos para pagar la Policía y la Justicia en la Ciudad arrancó en realidad en 1988, cuando Raúl Alfonsín consiguió sancionar la actual Ley de Coparticipación que rige la relación financiera entre la Nación y las provincias, aunque desde ese momento hasta ahora se le hayan hecho cientos de parches.

La Ciudad, entonces sin autonomía ni poder de decisión, se quedó sin porcentaje de coparticipación, producto de las deudas asumidas por la Nación por obras que se habían realizado en la Capital (por ejemplo, la red de autopistas durante la dictadura militar).

Suma fija

A cambio comenzó a recibir una suma fija de $ 157 millones que recién se modificó en 2002 mediante un acuerdo entre Eduardo Duhalde, entonces presidente, y Aníbal Ibarra, jefe de Gobierno porteño, por la que se pasó a recibir un porcentaje de 1,4 de coparticipación, que hoy representa unos $ 800 millones.

El debate no puede, de todas formas, resumirsesólo a ese argumento, porque la Ciudad genera un producto bruto y aportes a la recaudación tributaria nacional que no pueden compararse con los fondos que recibe de la Nación.

Con tanto meneo de la autonomía en la televisión y en una semana donde Elisa Carrió habíapicado en punta pidiendo una sesión especial en Diputados para derogar la ley Cafiero, era extraño que los senadores de las provincias no pusieran el grito en el cielo contra esas intenciones.

Siempre se supo que el problema de la transferencia de la Policía era precisamente ése: la necesidad de abrir nuevamente un reparto de fondos entre Naciónprovincias que es de suma cero y, por lo tanto, ningún gobernador quiere abrir.

El miércoles, el estallido corrió por cuenta de un cordobés. El vecinalista Carlos Rossi, sin que nadie hubiera puesto el tema dentro del Plan de Labor, pidió la palabra y comenzó a despotricar contra los candidatos y la difusión televisiva de las ideas autonomistas. Le sirvió para sacarse de encima la culpa oficial por no avanzar en la derogación de la ley Cafiero, pero complicó el inicio de la sesión.

Artilugio

«En cada programa de televisión se acude al artilugio de echarle la culpa al Congreso de la Nación por no derogar la ley Cafiero y que por eso tienen problemas con la seguridad», decía Rossi fuera de programa. «No veo la hora de que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propia Policía y la pague de sus bolsillos».

Recién allí llegó al punto: la protesta provincial por no aflojarle fondos a la Ciudad. En la respuesta hubo matices.

Rodolfo Terragno quedó a mitad de camino: «Nunca se derogó la ley Cafiero y por eso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene ni Justicia, ni Policía, ni Bomberos, ni transporte, ni puertos propios. La Ciudad no quiere que le paguen la Policía, sino que le deleguen esa responsabilidad», le dijo.

Pero fue Vilma Ibarra, la otra senadora porteña, quien intentó calmar lo que parecía una rebelión provincial: «El debate no es por la autonomía de la Ciudad, sino por la coparticipación». Y le puso un número actualizado a la diferencia: $ 2.000 millones, que sería el costo de la Policía y la Justicia para Buenos Aires, que hoy siguen estando en manos de la Nación.