Otro clásico de los martes en el Congreso: el recinto semivacío al fracasar por la ausencia
de los partidos mayoritarios una sesión «testimonial» pedida por la izquierda. Esta
vez era para anular indultos.
El anticipado fracaso de la izquierda ayer en Diputados para derogar los indultos firmados por Carlos Menem en una sesión especial no cerró el capítulo legislativo en el tratamiento de esos decretos. Por el contrario, el radicalismo aumentó su presión sobre el PJ sosteniendo un argumento lógico: si la Justicia avanzó declarando la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el gobierno deberá hacer todas las presentaciones necesarias ahora para garantizarse que se expida también en el caso de los indultos. El argumento es que habiéndose abierto el juzgamiento de los subalternos beneficiados con las leyes del perdón, se daría ahora la paradoja de que los jefes responsables de las medidas queden en libertad y las segundas líneas vayan a prisión por los crímenes cometidos durante la última dictadura. Por eso los radicales ya han intimado a Eduardo Camaño, presidente de la Cámara, a que el cuerpo notifique al Poder Ejecutivo sobre las intenciones de los diputados y no esconda la cabeza ante el conflicto que sufre el bloque peronista por el tema.
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La vía judicial para la solución del futuro de los indultos fue ratificada el fin de semana por Néstor Kirchner. Pero ayer Horacio Pernasetti, jefe del bloque radical, dejó claro que si no resulta una salida eficiente para el problema ya existen en su bloque algunos análisis jurídicos que reivindican la potestad del Congreso para dirimir sobre la vigencia de esos indultos. «Kirchner debería expedirse y poner el mismo empeño que tuvo en torno a la anulación de las leyes del perdón», dijo Pernasetti.
Para la UCR, y buena partede la doctrina jurídica argentina, Menem no firmó sólo indultos, sino que también amnistió por decreto a decenas de militares involucrados en delitos de lesa humanidad. Esto es así porque esos «indultos» beneficiaron tanto a condenados, como a militares procesados. En el caso de los ya sentenciados, se aplica claramente la figura del indulto, y su tratamiento futuro sólo depende del presidente de la Nación o un fallo de la Justicia, por ser esa potestad exclusiva del Poder Ejecutivo.
Pero en el beneficio que recae sobre procesados, la figura adecuada a citar es la amnis tía, potestad que sólo corresponde al Congreso, único poder, por lo tanto, que puede revocarla. La UCR quiere, además, profundizar en el principal problema que hoy tiene el PJ con los indultos: sobre quiénes se mantiene y sobre quiénes se deroga.
• Ley pareja
Pernasetti ya le comunicó a Camaño que no están dispuestos a mantener indultados a los jefes y militantes montoneros, mientras se levanta el beneficio a los militares involucrados. No se piden exenciones, sino ley pareja. El problema para el PJ es que hasta algún transversal sentado hoy en el recinto de Diputados estará alcanzado por esa medida.
La convocatoria de ayer de Patricia Walsh, a pesar de terminar en fracaso por falta de quórum, sirvió para que la polémica por la eventual derogación de los indultos vuelva a instalarse en Diputados, donde apenas 21 legisladores de partidos de centroizquierda estuvieron en la sesión especial.
Al plenario de ayer asistieron legisladores de Izquierda Unida; del socialismo; de Autodeterminación y Libertad; del ARI; de la CTA, Claudio Lozano; de Soberanía Popular, Mario Cafiero; de Convergencia, Miguel Bonasso; y de Encuentro, Silvana Giúdice. Del radicalismo estuvo la diputada Margarita Stolbizer, autora de otro de los proyectos que pide la derogación de los indultos; y por el justicialismo sólo asistió el porteño Gerardo Conte Grand.
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