Horacio Jaunarena tomará el testimonio que dejó Ricardo López Murphy, ahora titular de Economía, y dará un mensaje sobre la visión de las FF.AA. actuales, a 25 años del golpe militar de 1976.
El próximo 12 de marzo, dará las directivas a las fuerzas para el año en curso -ya están redactados los borradores del discurso-, en el salón Libertador de la sede del Ministerio de Defensa. La reunión que congregará a todos los generales, almirantes y brigadieres se programó hace ya dos semanas con el objetivo central de que el ministro diera el enfoque político luego de un cuarto de siglo de vida democrática desde el gobierno de facto. Con la precisión de una operación militar, se seleccionó esa fecha lo suficientemente próxima al 24 de marzo, como para que el mensaje ministerial impacte en el clima enrarecido ante el reclamo del CELS de plantear la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
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El recambio de autoridades del Gabinete colocó paradójicamente a Jaunarena, un protagonista del plexo normativo que se pretende anular, en el centro más caliente de las decisiones.
En línea con el pensamiento que lanzará el flamante ministro de Defensa, el propio Presidente dijo en la apertura de sesiones del Congreso: ... «En todas las misiones de paz en que participan nuestras fuerzas han dado sobradas muestras de su vocación para salvaguardar los derechos humanos y han sido reconocidas por su eficiencia y alto nivel profesional»... Ese argumento será la directriz del discurso del ministro, lateralizando así la carga del pasado que se intentó imponer con el proyecto de los diputados del Frepaso que proponían la lectura en los cuarteles de un documento sobre el respeto a los derechos humanos. La estrategia de ganar la iniciativa al frente a la sociedad con miras al aniversario del golpe se cristalizó el 21 de febrero pasado.
Ese día, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Juan Carlos Mugnolo, presidió el Comité de Jefes de Estado Mayor (Comijem), integrado por el general Ricardo Brinzoni, el almirante Joaquín Stella y el brigadier Walter Barbero.
Tan pronto como López Murphy se acomodó en su sillón, Brinzoni relató en detalle la iniciativa de apegarse a la ley de habeas data con presentaciones individuales y voluntarias, y conocer los datos que poseen la Subsecretaría de Derechos Humanos, el CELS y la APDH sobre más de 700 oficiales.
En ese momento, el almirante Stella guardó silencio y posteriormente dispuso que la Secretaría General a cargo del contraalmirante Jorge Godoy estudiase junto con la Asesoría Jurídica de la Armada una presentación institucional que se concretaría esta semana.
Igual temperamento adoptó el brigadier Walter Barbero, aunque la Fuerza Aérea tiene menor cantidad de oficiales presuntamente comprometidos con hechos violentos del pasado.
El matiz importa, pues el pensamiento naval es que, al tratarse de oficiales en actividad, la decisión debe estar firmada por el jefe de Estado Mayor de la fuerza.
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