Quiebras: veto de Duhalde burla un memo del Fondo

«Si no se veta la ley completa, acá no podemos empezar a hablar.» Sonaba algo angustiada la voz de Jorge Remes Lenicov desde Washington, informando a Eduardo Duhalde y a Jorge Capitanich sobre las exigencias que encontró en el Fondo Monetario Internacional en referencia a la Ley de Quiebras (llamada aquí «ley Clarín»). Desde las oficinas de esa entidad, Tomas Reichmann había remitido por la mañana un nuevo memorándum (el segundo en dos semanas que alude al mismo tema) recomendándole al Poder Ejecutivo que vete de manera total la norma. En su mensaje, Reichmann transmitió también un consejo del Fondo para que, además, se inicie una nueva reforma a la Ley de Quiebras que limite la figura del síndico y el poder de los jueces en el manejo de los concursos.

El plazo para que Duhalde vete vence hoy y por eso hasta anoche a última hora se seguían discutiendo variantes de corrección a la ley en las oficinas del gobierno.

La nota del Fondo propuso el veto del último párrafo del artículo 8° (suspende garantías de obligaciones financieras hasta diciembre de 2003); el artículo 11 (suspende por 180 días -hábiles- los pedidos de quiebra); el artículo 15° (obliga a los acreedores a previsionar 100% de la deuda si no se llega a un acuerdo de reestructuración en 90 días); y el 21° (deroga la posibilidad de que el acreedor se haga cargo del manejo de la empresa, es decir, el procedimiento conocido como «cram down»).

• Dictámenes

Duhalde recibió varios dictámenes sobre la ley durante los últimos días. Los produjeron el Ministerio de Justicia (Vanossi), de Economía (Remes), el Banco Central (Blejer), la jefatura de Gabinete (Capitanich) y la Secretaría de Legal y Técnica (Arcuri). En todos los casos se le recomendó al Presidente el veto total de la norma.

Sin embargo ayer, Capitanich anunció que se vetará la norma parcialmente y en artículos que no tienen que ver con los que recomendó el Fondo. Enumeró el tercer párrafo del artículo 15° (establece la previsión de 100% del crédito del deudor si no se llega a una reprogramación del pasivo), sin que se sepa qué consistencia lógica tendría el artículo sin ese pasaje vetado.

El jefe de Gabinete mencionó también el artículo 16°, que es el que suspende por 180 días las ejecuciones judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias. También el artículo 17°, que se refiere a que el Ejecutivo «dispondrá medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de cambio». Ambas cláusulas resultan incoherentes con el Decreto 214, emitido «a posteriori» y por eso fueron vetadas.

Finalmente, Capitanich anunció también el veto del artículo 18°, que excluye de las reestructuraciones de deudas entre privados por modificación del tipo de cambio los casos de créditos hipotecarios, prendarios y para refacciones, dado que la pesificación total le hace perder sentido.

• Medida inocua

El planteo general del gobierno difiere del del Fondo por varias razones. La primera de ellas es que, efectivamente, el Decreto 214 satisface las exigencias de los grandes deudores en dólares al licuar sus pasivos. Es el motivo principal de la presión del monopolio «Clarín», lo que vuelve al veto inocuo.

En lo que podría seguir afectando al monopolio y a otros megadeudores, el gobierno entra en divergencia del Fondo: por ejemplo, sigue elminando la institución del «cram down», que desde Washington se recomienda reponer.

Como si todo fuera un gigantesco malentendido, a los diputados se les dio la posibilidad de estar de pie y firmes cuando el monopolio «Clarín» pasara lista y revisara solidaridades: podrán decir «te votamos la Ley de Quiebras a tu favor». El Ejecutivo, Duhalde, correría con el peso del veto. Pero tampoco el Presidente carga con ese riesgo ya que, paralelamente, emitió un decreto dando satisfacciones por lo que el veto a la ley retacearía.

• Polvareda

Claro, el Presidente no consideró la polvareda que la licuación generalizada de pasivos de grandes empresas levantaría entre su propia clientela legislativa. No sólo en Diputados, también en la Cámara de Senadores se les advirtió a Oscar Lamberto y al propio Capitanich que no se toleraría «que un gobierno peronista termine beneficiando a las grandes empresas al mismo tiempo que se le reduce en 70% el poder adquisitivo al salario de la gente». Acorralados por los legisladores, los funcionarios no pudieron justificar técnicamente la medida del Presidente y se limitaron a decir: «Se adoptó esa resolución por una decisión política». Ya en privado, explicaron que se referían a un acuerdo de Duhalde con el zar del monopolio «Clarín» durante una comida celebrada el día de su asunción en el mando. Por lo que se ve, insistirá hoy Duhalde en ese acuerdo, más allá de las consecuencias que se desaten en el Fondo sobre su gobierno.