San Luis - La clase política provincial tuvo una actitud previsible frente a la ley de Acortamiento de Mandatos: toda la dirigencia del Frente Justicialista que ocupa puestos electivos presentó su renuncia, en tanto que los representantes en espacios institucionales de la oposición -a excepción de cuatro intendentes radicales-, ignoraron la norma y hasta la impugnaron ante la Justicia.
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La ley, promovida por el oficialismo, invita a los ciudadanos que ejercen cargos titulares y suplentes electivos provinciales y municipales a renunciar de modo irrevocable desde que asuman sus reemplazantes.
La movida tiene como objetivo que en las próximas elecciones, que se harán en forma simultánea con los comicios nacionales fijados para el 30 de marzo de 2003, se renueven absolutamente todos los cargos. En ese marco la gobernadora Alicia Lemme, los diputados, senadores, intendentes, concejales y funcionarios elegidos indirectamente pusieron a consideración sus dimisiones. En cambio, la mayoría de los dirigentes de la oposición no se ajustó y está a la espera de que el Superior Tribunal de Justicia se expida sobre un recurso de inconstitucionalidad que plantearon contra la norma.
El ministro de Gobierno, Joaquín Surroca adelantó que hoy la comisión, encargada de recibir las renuncias, dictará una resolución ordenando la publicación en el Boletín Oficial de las renuncias y los instrumentos que acreditan su aceptación.
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