Saín acusó a la Policía de aplicar métodos de terror

Los funcionarios de Felipe Solá volvieron a poner en riesgo el delicado equilibrio que el gobierno bonaerense mantienen con la Policía. En un sorpresivo informe, acusaron a la Policía provincial de utilizar métodos de la dictadura militar. Sostuvieron que esa fuerza utiliza «prácticas de eliminación de personas», como las ejecuciones y los crímenes de gatillo fácil.

El documento fue elevado a la Suprema Corte de Justicia y tiene la rúbrica del viceministro de Seguridad Provincial, Marcelo Saín; y del secretario de Derechos Humanos, Jorge Taiana.

No es la primera vez que Saín toma una postura que separa a su gobierno de la policía que el mismo conduce. Hace un tiempo cargó contra la fuerza a la que acusó de financiarse en forma ilegal de la política, el narcotráfico y el juego clandestino.

En el documento -que ahora es analizado por el máximo tribunal bonaerense- le imputó a la Policía provincial la comisión de gravísimos desbordes en el ejercicio de la coacción estatal. «La represión de hechos delictivos es en sí legítima, cuando se la efectúa por medios legítimos, mientras que el gatillo fácil, las ejecuciones con sello policial, la proliferación de la tortura y del hacinamiento carcelario constituyen prácticas de terror», denunciaron.

Pero sostuvieron que la situación es «gravísima» porque estas acciones «son llevadas a cabo por agentes del Estado que recuerdan métodos que caracterizan la dictadura de 1976-1983».

Además de Saín y de Taiana, el escrito fue firmado por las comisiones de Derechos Humanos de la Legislatura bonaerense; la abuela de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; y el juez federal de La Plata, Leopoldo Schifrin.

Saín y sus seguidores plantean un escenario que califican de gravedad institucional «autoritaria y violatoria de los derechos humanos», con participación directa o indirecta de personal policial y del servicio penitenciario.

Como si fuese ajeno a la situación que denuncia, Saín afirma que hay una ausencia de un sistema integral de selección, formación inicial y capacitación permanente del personal policial, así como una «falta de políticas de seguridad y penitenciarias planificadas, equilibradas de acuerdo con los desafíos presentes».

En el gobierno de Felipe Solá no cayeron bien las nuevas expresiones del viceministro de Justicia, y hasta se especulaba que su salida del gobierno «es inminente».

• Evaluación

En el Ejecutivo bonaerense se afirma que se tomará un «breve» tiempo para evaluar qué postura tomar con respecto a los intempestivos pasos que toma Saín y que desequilibran la relación entre el gobierno y la Policía. Pero también extrañaba la falta de alineamiento del ministro Taiana. Si bien es conocida la actitud «garantista» del titular de la cartera de Derechos Humanos, extrañó cierta infidelidad del ministro para su jefe inmediato, Felipe Solá.

Pero no sólo hubo críticas hacia el accionar policial, sino que también los funcionarios de Seguridad y Justicia se despacharon con una fuerte pronunciación contra la ley de excarcelación aprobada a principios de 2000.

Al respecto, sostienen que ésta ocasionó el hacinamiento en las cárceles bonaerenses y exigieron el tratamiento legislativo de un proyecto elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerenses para mejorar esa situación.

Nada dijeron, por caso, sobre el grave incremento de secuestros (23 sólo en 12 días de setiembre), de robos violentos, asaltos y muertes de policías (36 en lo que va del año y uno cada ocho días) por la incapacidad del Estado para contrarrestar el explosivo crecimiento que hoy tiene el delito en el conurbano bonaerense.

Sin embargo, sí calificaron como «realidades negativas» los discursos y postulaciones «a favor de la mano dura» y del uso extralegal de la fuerza como recurso predominante del accionar policial y penitenciario. En tal sentido, señalaron que hay una aplicación parcial y discrecional de los mecanismos de control institucional de los abusos y delitos cometidos en esos ámbitos.

En su ofensiva, denunciaron también una paralización del Banco de Datos sobre Torturas de la Defensoría de Casación Penal provincial a raíz de una serie de medidas implementadas por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. «Resulta indispensable el seguimiento de las denuncias hechas ante los fiscales por casos de torturas, para lo cual propiciamos se forme un comité contra la tortura, con participación de organizaciones sociales y del Estado», mencionaron en el documento.