Analizan declarar Covid-19 dolencia profesional

Política

El Gobierno volvió a discutir la posibilidad de declarar el coronavirus como enfermedad profesional y, por lo tanto, sujeta a las coberturas previstas por las ART. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le reiteró a dirigentes de la CGT que el decreto está a la firma.

Restringido a los trabajadores de la salud, el Gobierno volvió a discutir la posibilidad de declarar el coronavirus como enfermedad profesional y, por lo tanto, sujeta a las coberturas previstas por las ART. Este fin de semana el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, le aseguró a su par de Salud, Ginés González García, que ya habían sido destrabados todos los pasos administrativos pendientes y que sólo restaba la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) por parte de Alberto Fernández. La norma podría incluir otros pedidos de Salud como la agilización de las matrículas habilitantes para médicos recién recibidos y la flexibilización en la distribución del personal sanitario en las ambulancias para garantizar más profesionales en los centros sanitarios, entre otros puntos.

La declaración del Covid-19 como enfermedad profesional es un reclamo constante de asociaciones de médicos, el sindicato de Sanidad y la propia cartera de Salud, y enfrentó hasta ahora el lobby en sentido contrario de las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y de sectores puntuales de la industria que temen la posible judicialización de las enfermedades de operarios fabriles. De hecho el propio Presidente les había prometido firmar el DNU a los miembros de la “mesa chica” de la CGT en la reunión que mantuvieron el 3 de abril en la quinta de Olivos pero desde entonces no tuvieron más noticias de la norma.

La discusión tiene un plano técnico y otro político. En el primero sólo resta definir el alcance del decreto: la última versión que circuló este fin de semana garantizaba todas las prestaciones (de cobertura, prevención y reparación indemnizatoria) del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT) sólo a los médicos y el personal sanitario, luego de versiones anteriores que exploraban ampliarlo a trabajadores del transporte (colectiveros, guardias de trenes, aeronavegantes, entre otros) y de fábricas exceptuadas de cumplir con la cuarentena.

En el debate político ganó adeptos la posición protectora de González García y hasta puso su firma el superintendente de Servicios de Salud, Gustavo Morón, un funcionario de los muy pocos en un cargo de semejante jerarquía que permanece de la gestión de Mauricio Macri. Este fin de semana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le reiteró a dirigentes de la CGT que el DNU está a la firma y que ya no existen obstáculos para la incorporación del coronavirus en el listado.

La persistencia fuera de esa nómina empezó en los últimos días a causar preocupación entre los más afectados. Sólo entre los afiliados del gremio de Sanidad, que encabeza Héctor Daer, reportaron 180 casos de trabajadores contagiados por el coronavirus que acudieron a las ART y fueron rechazados. Eso implica que cada uno debe llevar su caso a la Comisión Médica más cercana a su domicilio e iniciar una suerte de proceso médico y administrativo para probar que se infectó en el desarrollo de su actividad profesional. Y aguardar una decisión vinculante de la Comisión Médica Central, máximo organismo decisorio del SRT.

En los cálculos conservadores (con una evolución lógica del contagio pero sin una espiralización de la pandemia a nivel local) las asociaciones de médicos y personal sanitario prevén que hasta 20 mil trabajadores del rubro podrán enfermarse. La persistencia de una curva atenuada de contagios en la Argentina hizo que el reclamo de momento fuese en instancias administrativas y negociaciones sin mayor difusión.

Este fin de semana en Salud volvieron a esperanzarse con la publicación del DNU demorado. Cerca de González García avisaron incluso que esperan más medidas por decreto (podría ser incluso una sola norma que oficiara de paraguas para varias resoluciones) como la agilización de las habilitaciones de los hospitales de campaña para alojar a pacientes de baja o mediana complejidad, y en el otorgamiento de los títulos habilitantes para médicos recibidos que no hubiesen completado las residencias. Otra medida esperada es la que habilitará a circular ambulancias sin un médico emergentólogo -hoy, condición para el funcionamiento del servicio- para resguardar ese personal a tareas más urgentes dentro de los establecimientos de salud.

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