Saturar el conurbano: ¿con qué fuerzas de seguridad?

Alberto Iribarne.

Todavía no decayó la polvareda que produjo en el Ministerio del Interior la asignación a esa área de la Secretaría de Seguridad. Aníbal Fernández y Alberto Iribarne deben dar satisfacción a la orden que impartió Néstor Kirchner cuando advirtió que no quería más límites de jurisdicciones y que en adelante pretendía la intervención de las fuerzas federales en el conurbano.

Esta instrucción revela, como ninguna otra, la imagen que tanto Kirchner como algunos de sus predecesores tienen de la Presidencia y las amenazas que se ciernen sobre ella: todas las plagas que pueden terminar con los días de un jefe de Estado llegan desde el Gran Buenos Aires. Así pensaron también Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá. A tal punto que la clase política cuando se vio al borde del abismo por el descontrol de la calle decidió poner el poder, a través de una asamblea legislativa, en manos del aparato político que domina esa zona, en la persona de su jefe, Eduardo Duhalde. ana

Sin embargo, la realización de esa instrucción enloqueció los primeros días del ministro del Interior en la gestión de la seguridad. Sobre todo, porque el objetivo inmediato que se fijó la administración fue crear una «sensación de actividad» tal que neutralice en lo posible la convocatoria de Juan Carlos Blumberg a la Plaza de los Dos Congresos.

El gobierno está ganado por la impresión de que un secuestro con desenlace fatal o una marcha de gran magnitud pueden derrumbar la popularidad del Presidente o liquidar la carrera de cualquier funcionario. Por eso en las últimas horas los hombres de Kirchner se preocuparon por asegurarse que Blumberg no se vea desbordado por un sector de manifestantes que decida dirigirse también hacia la Plaza de Mayo.

Dirigido a lograr el mismo efecto, Fernández resolvió el «show» de patrullaje del sábado pasado en la zona norte del conurbano, que consistió en poco más que un par de fotos en los diarios demostrando capacidad de movilización y sensibilidad oficial ante la angustia de la población. Mientras tanto, expertos de distintas fuerzas (Policía Federal, SIDE, Policía Bonaerense y Gendarmería) advierten que esta nueva marcha de la ciudadanía convocada por Blumberg encuentra al gobierno frente a un torbellino de iniciativas no del todo sistemáticas ni acertadas:

• La resolución que más se cuestiona en las fuerzas de seguridad es la de poner énfasis casi exclusivo en la saturación de una zona del conurbano con efectivos policiales. Hay un consenso extendido en los diagnósticos que se formulan entre profesionales acerca de que esa estrategia es insuficiente, cuando no inadecuada. «Abarrotar las calles de policías y gendarmes lleva a correr la frontera del delito, no a bajar su volumen», explicó un entendido a este diario. A fines de 2003, el secretario Norberto Quantín, el subsecretario Carlos Campagnoli y el director nacional de Planeamiento y Control, Armando Zaravoso, decidieron saturar algunas zonas del conurbano con fuerzas federales, en un intento de hacer intervenir a éstas en esa área.Así se actuó sobre Fuerte Apache y sobre La Cava. Sin embargo, los expertos consideran que adoptar ahora ese modelo supondría, por ejemplo, involucrar a toda la Gendarmería en el Gran Buenos Aires. Algo imposible, claro. Una pregunta pertinente para controlar la calidad de este método es ¿cuántas fueron las capturas de delincuentes perseguidos por la Justicia que realizaron los gendarmes en el conurbano durante el período en que se dispuso ese diseño? La estadística de la fuerza es bajísima.

• El plan de saturación que adoptó Fernández consiste en volcar 500 agentes federales en la Departamental San Isidro, que se extiende a través de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y Pilar. ¿Son nuevos efectivos o es sólo la reasignación a las patrullas de la zona noroeste del Conurbano de los que ya están trabajando allí, sobre todo en La Cava y Fuerte Apache, desde que se creó el Comité de Crisis de julio de 2003?

Las declaraciones oficiales afirman que se destinaron a esa área 2.000 hombres pero los informes de fuerzas de seguridad a los que accedió este diario aseguran que, en verdad, nunca superaron los 650. La Gendarmería Nacional aportaría a ese número 514 (190 en Fuerte Apache, 264 para patrullas en todo el conurbano, 18 en la custodia de instituciones de la comunidad judía y 42 en funciones de apoyo) y la Prefectura estaría destinando 150 agentes para cubrir la villa La Cava.

• Para uno de los problemas centrales que plantea la crisis de seguridad que se verifica en el conurbano el gobierno propuso el martes un programa progresivo. Se trata de aumentar la cantidad de personal destinada a la cobertura de toda la región. La provincia de Buenos Aires es una de las de menor tasa policía/habitante que se registra en el país. La ciudad de Nueva York, recordaba ayer un experto delante de este diario, tiene 8 millones de habitantes y una fuerza de policía local de 30.000 hombres. El conurbano tiene 9 millones de habitantes y sus departamentales de seguridad cuentan con 14.000 agentes. Entre esos efectivos sólo 5.100 prestan tareas específicas de seguridad. Distribuidos por turnos, se trata de 1.250 hombres por turno. El plan con el que cuenta el ministro Fernández hasta ahora es agregar a esa fuerza 100 hombres más por turno. En estas cifras se basan los informes de Seguridad que le aconsejan al gobierno revisar la táctica de la saturación por inviable. En realidad, los expertos creen que el objetivo inmediato del gobierno es disolver la sensación de desamparo que domina la calle y, paralelamente, hacer bajar el volumen de secuestros en la cobertura periodística. Habla un comisario de la Federal: «Cuando lanzaron el plan de Seguridad y Justicia posterior al caso de Cristian Ramaro, durante el mes de julio, no se publicaron casos en los diarios aunque hubo 20 secuestros denunciados».

• ¿Qué alternativa se le ofrece al gobierno frente a este programa? Peritos en Seguridad del propio Estado aconsejan enfatizar el uso de los recursos en materia de investigación. Es decir, constituir unidades en cada fuerza de Seguridad para concentrar los esfuerzos en perseguir los delitos federales, sobre todo secuestro y narcotráfico. Esta tarea, menos espectacular que la del patrullaje -también necesario, claro-permitiría, según varios expertos de las fuerzas de seguridad, desmontar las redes de delincuencia especializada que se han montado en el conurbano. Según uno de esos entendidos, «en el mediano plazo debería obtenerse una red de contactos e informantes que permitan detectar a sospechosos de narcotráfico y secuestros y, sobre todo, capitalistas que financian esos crímenes y que en algunos casos no son más que estudios de abogados 'saca presos' que cobran sus 'inversiones' con grandes dividendos cuando se producen los rescates».

• Detrás de esta visión hay un diagnóstico inquietante: en el área del conurbano se estaría gestando un mercado del secuestro más sofisticado, del tipo que existen en áreas de alta criminalidad del continente (Colombia, México, etc.). Según esta información, las actividades ligadas a este delito se están especializando. Hay grupos que realizan las operaciones de inteligencia y «tasación» de la víctima y las venden luego a los que se encargarán de «levantar» al secuestrado. Estos, a su vez, «venden» a la víctima a una organización más poderosa, capaz de sostener el rapto durante un tiempo y de cobrar el rescate. ¿Cuánto involucramiento policial existe en estos delitos? Hay fuerzas federales, como la Gendarmería, en las que se escucha lo siguiente: «Una de las razones por las que no queremos participar de los operativos en el conurbano es la contaminación con las policías.