Se asocia al Congreso en la culpa por puja con el campo

Martín Lousteau

La decisión del gobierno de enviar al Congreso un proyecto de ley para debatir las retenciones móviles pareció en inicio calmar la crisis con el campo. Pero hacia la noche la oposición tomó cuenta que el tratamiento de ese tema generará un nivel de conflicto que puede ser superior al actual. El reconocimiento que hizo Cristina de Kirchner ayer sobre la ineficacia de los argumentos que esgrimió hasta ahora para defender las retenciones tuvo vuelo corto. El proyecto que envió anoche al Congreso es una ratificación lisa y llana de la Resolución 125 y sus modificaciones, más un articulado que dispone por ley la creación del Programa de Redistribución Social, algo que ya se sabía no podía avanzar con una mera decisión del jefe de Gabinete.

Por lo tanto, diputados y senadores del kirchnerismo deberán asociarse con el Poder Ejecutivo en la responsabilidad sobre las retenciones móviles, sin poder modificar una coma de esa decisión que el 11 de marzo tomó Martín Lousteau. Técnicamente podrían hacerlo, pero no es lo que ordenó Cristina de Kirchner.

En ese abrazo que dio al Congreso, abrió también la Presidente otros frentes que involucran la discusión sobre si las retenciones son o no un impuesto y la coparticipación de esos fondos.

Todo ocurrirá, según se estimaba ayer, en tiempo récord. El radicalismo anunció que convocaría a una audiencia pública para debatirlas, pero no parecen esos los tiempos ni las intenciones del kirchnerismo apurado por sacarse el tema de encima cuanto antes. Ayer ya estaba citada la Comisión de Agricultura y el oficialismo había comenzado las negociaciones con propios y ajenos para conseguir el quórum en una votación que, podrá tener mucho debate, pero sin posibilidades de cambiar nada.

Por lo tanto, el problema ahora está en el terreno de los gobernadores. Ellos son los que vienen protestando por lo bajo desde hace años por no recibir un peso de la recaudación de las retenciones sobre las exportaciones. Ahora a ese sufrimiento deberán sumar el ser responsables de ordenar a sus diputados y senadores que ratifiquen la decisión del gobierno que inició la guerra con el campo.

En ese sentido los argumentos legales que esgrimió Cristina de Kirchner en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno son indubitables: jamás una resolución del Ministerio de Economía tendrá la entidad de una ley. Lo reconoció al alegar que para algunos sectores, como el campo y la oposición, «esta presidenta no alcanza». Pero no dijo nada Cristina de Kirchner sobre el costo político de ratificar una resolución tan polémica como la de las retenciones móviles sin posibilidad para el Congreso de modificar una coma.

Frente a ese panorama el cordobés Juan Schiaretti, el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá o el santafesino Hermes Binnner, tienen terreno ganado en relación con el resto de los gobernadores. Los demás deberán lidiar ahora con los productores de cada provincia y explicarles por qué ordenan a sus legisladores ratificar la decisión de Cristina de Kirchner. . Otro de los problemas que debe enfrentar el gobierno es que la mitad de los diputados kirchneristas que deben aprobar el proyecto de ratificación de las retenciones móviles tienen que renovar mandato en octubre del año próximo. Cada uno de los oficialistas cordobeses, santafesinos, bonaerenses o entrerrianos que hoy ya tienen problemas los fines de semana cuando vuelven a sus provincias por la protesta de productores deberán ahora cargar también con el peso de votar a favor, sin chistar, la Resolución 125 sin poder modificar una letra de esa decisión del gobierno.

Así el anuncio de Cristina de Kirchner de ayer opera como una socialización de la responsabilidad por las retenciones móviles: todos los kirchneristas sabían que, desde ahora, también serán responsables por las protestas del campo.

Es cierto que el anuncio de la Presidenteimplica reconocer que el Poder Ejecutivo por si solo no puede sostener una decisión como la imposición de más retenciones al campo. Pero la asunción de esa derrota puede también terminar complicando institucionalmente a otro poder.

Nadie imagina aun la presión que deberán soportar los diputados y senadores del oficialismo por parte de los militantes del campo, algo que Alfredo de Angeli anoche ya adelantó. Más aún si el gobierno pretende conseguir la ratificación de la Resolución 125 en tiempo récord y a libro cerrado, un dato que ni el campo ni la propia oposición anoche había dimensionado en su justa medida. Ese apuro del gobierno no es retórico: anoche en la Casa Rosada se apuró todo el trámite para enviar inmediatamente el proyecto a Diputados, adonde ingresó a última hora, para intentar sancionarlo la semana que viene, casi sin debate y mucho menos audiencia pública con los productores como anunció ayer la oposición.

El paso de las retenciones por el Congreso tendrá, además, otras consecuencias jurídicas. Desde que Eduardo Duhalde las reinstauró en 2002, esas imposiciones a las exportaciones quedaron siempre como una medida de emergencia, que no está reglada por ley. Eso implica que alguna vez podrían reducirse o eliminarse sin que mediara una ley. Ahora para modificar en el futuro la Resolución 125 hará falta una votación del Congreso.

También importa en ese sentido la discusión sobre si las retenciones son o no un impuesto. A nadie escapa que dentro de las negociaciones para conseguir la ratificación habrá exigencias de los gobernadores para que la Nación les ceda algún porcentaje de esa caja que hoy ven de lejos y no pueden tocar. Si eso sucede, las retenciones quedarán consagradas para siempre en el país: será imposible que alguna vez se eliminen mientras haya de por medio algún interés de las provincias.

En ese debate entrará sin dudas la Corte Suprema. Existe ya jurisprudencia clara -lo recordó Carmen Argibay por estos días- que indica que para cualquier tributo una tasa superior a 33 % es confiscatoria. Esto ya ha provocado debate con algunos impuestos nacionales y mucho más con las retenciones que superan en más de 12 puntos ese porcentaje.