El Senado no pudo convertir anoche en ley una polémica modificación al Código Penal que castiga a los responsables de emisiones de radio y TV ilegales con prisión de hasta 1 año, después de que Juan Carlos Maqueda denunciara una «campaña de desinformación», en alusión a una escandalosa «primicia» del monopolio «Clarín» sobre la dieta de los senadores.
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La norma de radiodifusión -que contaba con media sanción de Diputados, en tiempos de Fernando de la Rúa- estaba en observación desde hace un par de semanas porque varios legisladores notaron una gravísima contradicción: el COMFER quiere penalizar con cárcel a cerca de 7.000 radioemisoras «clandestinas», a pesar de que ese mismo organismo demora la entrega de licencias a esos mismos radiodifusores.
El renovador salteño Ricardo Gómez Diez incluso se atrevió a vaticinar que la Justicia podría declarar inconstitucional la ley por esta situación conflictiva en la que Estado castiga a quienes les ha vedado la posibilidad de regularizarse.
Ayer, por la mañana, se destrabó el proyecto repentinamente después de que el monopolio «Clarín» titulara en tapa con una noticia vieja y distorsionada: un supuesto aumento encubierto de $ 1.200 en las dietas de los senadores. Sin embargo, a la noche, después de una polémica más que caldeada sobre la denuncia por coimas del «Financial Times», comenzó a peligrar el quórum.
Enardecido, en pleno recinto, Maqueda -a cargo de la presidencia provisional del cuerpo- negó la publicación de «Clarín» a viva voz con un ejemplar de Ambito Financiero del 17 de abril en la mano. Este diario había publicado que los gastos de combustibles de $ 1.200 serían percibidos como desarraigo por los legisladores que vivieran a más de 200 kilómetros del Congreso. Es decir que se adelantó 5 meses a la «primicia» de Clarín. «Nos despertamos primero con estupor ante la noticia de algunos matutinos que enlodaban la imagen del Senado. El estupor se fue convirtiendo en dolor al ver que se falta a la verdad, terminó en indignación», reprochó Maqueda sin nombrar al monopolio.
A pesar de las palabras indignadas del presidente provisional, sus colegas quedaron espantados con semejante presión y temieron un mandoble más doloroso si no sacaban de inmediato la propuesta que tanto desvelaba al lobbista Carbone, quien también trajina Diputados para lograr la denominada «ley Cultural» que exime a la prensa del «cram down» en los concursos y evita que las quebradas pasen a manos del acreedor o de un tercero, además de limitar a 30% el tope de capitales extranjeros en medios locales.
El holding Noble-Magnetto tiene particular interés en el proyecto por partida doble: presionó y obtuvo del gobierno que se cerrara la entrega de licencias y ahora fue por más al reclamar castigo no sólo para las radios «truchas» sino también para quienes fabriquen, vendan y hasta compren decodificadores para captar señales de radio o TV que no sean gratuitas. En este último caso, de 1 mes a 2 años. Y rige la misma punición para los que se cuelguen del servicio de televisión por cable.
El desvelo de Eduardo Caterbetti, jefe del COMFER, por apurar la iniciativa coincidió con la presión de algunos medios -entre ellos, el monopolio Clarín- para que, al mismo tiempo que se bloquee el trámite para habilitar radios, se impongan castigos, vía el fuero penal.
Caterbetti prometió regularizar el espectro radioeléctrico, aunque parece difícil que cumpla con la ley adicional que agregaron los senadores para justificar que, inesperadamente, desempolvaran la modificación al Código Penal. Los legisladores prometieron 90 días de plazo para normalizar las licencias. Caterbetti ya había contestado a una inquietud del radical Carlos Maestro diciendo que, de las 3.500 emisoras que están en trámite de legalización, sólo podía entregar licencias a 1.500 de aquí a fin de año.
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