El Senado aprobó y giró anoche a Diputados la implementación del Tratado de Roma, que tiene como finalidad regular las relaciones de cooperación entre el Estado argentino y la Corte Penal Internacional respecto de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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El acuerdo, suscripto durante el gobierno de Carlos Menem y que fue ratificado por ley del Congreso (pero no tiene rango constitucional), tiene una importancia clave: los Estados Unidos, bajo la administración Bush, se negaron a someter a sus connacionales a la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, boicotearon esta convención.
La demorada sanción se produjo, curiosamente, el mismo día en que una integrante del Tribunal Internacional Penal para los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, Carmen Argibay, protagonizó una audiencia pública en la Cámara alta de cara a asumir en la Corte Suprema de la Nación (ver aparte).
Según explicó Argibay, los soldados estadounidenses que perpetraron torturas en Irak podrían ser juzgados fuera de su país, gracias al tratado, no obstante que Washington no lo ratificó. De ahí el rechazo que despierta en la Casa Blanca y la campaña de Bush destinada a que no haya más países adherentes, y que prosperen pactos bilaterales de inmunidad de tropas.
La iniciativa logró unanimidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, y se transformó desde hace meses en leit motiv de Eduardo Menem y de su colega salteño Marcelo López Arias, único integrante latinoamericano del comité ejecutivo de parlamentarios por la acción mundial, una organización que está en la órbita de la ONU y que, en 1991, trabajó en la convención de Roma.
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