Secreto develado

En el Congreso develaron finalmente el contenido del misterioso decreto secreto que envió Néstor Kirchner al Senado. Se trata de información militar reservada sobre la renegociación del contrato con la empresa Lockheed, fabricante de los aviones Pampa que están a punto de entregarse a Bolivia (como moneda de pago por la importación de gas). El decreto había despertado una gran intriga en esta dependencia, donde existe hegemonía del duhaldismo. Pero, como ocurrió siempre, es imposible que un secreto se guarde por más de un mes entre legisladores.

La revelación de que el decreto secreto se refiere al contrato con la aeronáutica Lockheed se produce justo cuando se habla de la entrega de aviones Pampa a Bolivia, como medio de pago por la importación de gas.

El decreto secreto que envió el gobierno de Néstor Kirchner al Congreso, y que tantas expectativas había despertado, se refiere a la renegociación del contrato con la empresa estadounidense Lockheed, concesionaria de la llamada Area Material Córdoba, donde construye los aviones Pampa y realiza tareas de mantenimiento de aeronaves oficiales y de la Fuerza Aérea Argentina.

La revelación se produce justo cuando la Argentina negocia la venta de aeronaves Pampa IA 63 a Bolivia (la intención nacional es que se usen como medio de pago por el gas) y, en el futuro mediato, a Colombia. Desde el año pasado, técnicos de la Lockheed están a cargo de supervisar las condiciones de los aviones estatales del país vecino.

• Juramento

Los diputados y senadores que animan la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Emergencia Pública se enteraron del contenido antes del fin de semana, aunque -por supuesto- no rompieron el juramento de guardar bajo siete llaves los detalles del texto remitido por el Poder Ejecutivo a esa dependencia.

El decreto es considerado secreto militar e incluye las renegociaciones con la Lockheed, que reanudó sus actividades en la provincia mediterránea a comienzos de febrero, después de varios meses de incertidumbre para sus 900 empleados. La compañía le reclamaba al Estado nacional $ 47 millones, de los cuales ya fueron girados $ 7 millones en el primer avance de las conversaciones bilaterales que destrabó Kirchner.

El decreto presidencial había desatado una gran intriga en el ámbito parlamentario, especialmente en esta bicameral donde existe una supremacía del duhaldismo. En la comisión que comanda el radical mendocino Ernesto Sanz revistan las senadoras Mabel Müller y María Laura Leguizamón, además de los diputados del PJ bonaerense Hugo Toledo y Graciela Camaño.

Sanz, apenas recibió el «paper», lo remitió tal cual se lo habían entregado, es decir sin abrir, a la secretaria parlamentaria de la Cámara alta, de la cual es miembro. Al radical le quemaba tener ese documento en las manos, sobre todo porque desconocía el contenido. Si se tiene en cuenta el celo que suele poner Kirchner en sus decisiones, cualquier precaución parecía escasa, máxime para un opositor.

Es un trámite difícil -aunque necesario- para un gobierno que hace una prédica cotidiana de la transparencia en los actos de gobierno, y que ahora debe mantener el carácter de secreto en una resolución.

En verdad, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, al igual que Kirchner, dejaron traslucir que podrían avanzar en esta área tan delicada que echa un manto de oscuridad sobre medidas gubernamentales. En cierto sentido, este Senado -ya en tiempos del duhaldismo- amagó con una reforma reglamentaria que, entre otras cosas, le sacó el carácter de reservadas a las sesiones en las que se votan pliegos de futuros ministro de la Corte Suprema de Justicia. Esta determinación se concretó durante el mandato de Kirchner, hay que decirlo.

Sin embargo, siguen todavía archivados los proyectos de opositores tendientes a relevar del secreto a leyes y otras medidas legislativas. En ese sentido, el senador Mario Losada (UCR-Misiones) desempolvó recientemente una iniciativa de su autoría que había quedado en el olvido. Hasta ahora, nadie se preocupó por hacer avanzar la inquietud de Losada y otros colegas, como la porteña Vilma Ibarra (Frente Grande).

Ibarra presentó un proyecto de ley que disponía la publicación de las leyes secretas y reservadas, a comienzos de mes. El jueves pasado, en sociedad con la frepasista bonaerense Diana Conti, la senadora por la mayoría de Capital Federal reclamó, mediante un proyecto de comunicación, información al Ejecutivo acerca de la normativa que reviste esta condición en el nivel nacional.

El secreto también envolvió el caso judicial que llevó a María Julia Alsogaray a recibir una condena de prisión efectiva por presunto enriquecimiento ilícito. La ex funcionaria aseguró haber recibido sobresueldos, los cuales se habrían pagado gracias a una ley reservada, cuyo contenido -obviamente- se desconoce, como el del decreto de Kirchner sobre la renegociación con la Lockheed.