1 de junio 2023 - 00:00

Senado apura cambio a legislación contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

El proyecto ya fue aprobado por Diputados -oposición rechazó- y el Frente de Todos lo quiere dictaminar el 8-6. La discusión principal se da por la forma de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependerá del Ministerio de Economía. Finalizó ayer la discusión de pliegos judiciales en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

Oscar Parrilli

Oscar Parrilli

El ratificado titular de la comisión de Justicia del Senado, Oscar Parrilli, anunció ayer que el jueves próximo realizará un plenario de comisiones junto a la de Presupuesto y Hacienda -que encabeza el también oficialista Ricardo Guerra- para dictaminar el proyecto que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, iniciativa que adopta sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que ya aprobó Diputados en abril pasado.

Durante el debate en la Cámara baja, la discusión más importante de la iniciativa se dio a instancias de la oposición -Juntos por el Cambio y el interbloque federal, entre otros-, por la observación que realizó sobre el dictamen de mayoría que empujó el kirchnerismo y, en disidencia parcial, el PRO. La lupa apuntó a la forma de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependerá del Ministerio de Economía.

Cerca de la hora de la votación, Juntos por el Cambio evitó el papelón: se encolumnó detrás del dictamen de minoría y rechazó -en general- el proyecto, para luego solicitar un par de modificaciones -en el debate en particular de la iniciativa- que el kirchnerismo no convalidó. Ahora, la decisión del cristinismo senatorial es la de acelerar un texto que estuvo sugerido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el que necesitará la ayuda del interbloque federal, separado del Frente de Todos en febrero último. Por caso, en la Cámara baja, Máximo Kirchner avaló ayer el proyecto.

Debate

Como miembro informante, la diputada massista Mónica Litza destacó dos puntos. El primero, el registro público de beneficiarios finales. Tendrá como objetivo, según explicó, destrabar las complejidades de enlaces entre personas jurídicas y sociedades para contar con una “base centralizada y fácil de chequear de manera veraz”. Litza luego resaltó la creación de un registro de proveedores de “activos virtuales”. En esa línea, detalló que “no hay controles”, que no se sabe “lo que se mueve”, y que “hay estimaciones serias que hablan de u$s90.000 millones, sólo superados por Brasil” en la región.

Y agregó, “para ser más clara”, que se refería a las “criptomonedas”, tema que seguirá de cerca la Comisión Nacional de Valores (CNV). “A los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene. Es el Poder Ejecutivo que pone y saca a funcionarios. Es pasible de influencias políticas. Queremos que esto sea una política pública que eleve el nivel de institucionalidad de este país y no caigamos en la lista gris”, alertó desde la Coalición Cívica Mónica Frade.

En tanto, desde el radicalismo de Evolución, Alejandro Cacace (San Luis) manifestó que la recomendación no tenida en cuenta por el kirchnerismo sobre la UIF trata sobre la posibilidad de tener un organismo “sin influencias o interferencias políticas gubernamentales o industriales”, algo que quedaría desactivado -para cualquier gobierno nacional- si quedara en cabeza del Ministerio de Economía.

Por el interbloque federal, la experimentada Graciela Camaño realizó una cronología sobre la legislación relacionada con el tema y recordó idas y vueltas del kirchnerismo y macrismo como oficialismo y oposición. “Se cumple de nuevo el ‘teorema de Baglini’”, enfatizó.

Pliegos

La comisión de Acuerdos del Senado, que preside la camporista Anabel Fernández Sagasti, finalizó ayer con las audiencias públicas para analizar más de 40 pliegos judiciales. Se destacó el que extiende, por cinco años, la labor de la camarista Ana María Figueroa.

Desde la oposición se realizaron algunos cuestionamientos a la candidata por el interés del Ejecutivo para que continúe con su tarea, aunque la magistrada argumentó que podía “rendir cuentas con más de 20.000 fallos” que, sólo “en dos oportunidades”, fueron modificados por la Corte Suprema. Cerca del final de la reunión, el jefe del cristinismo, José Mayans, comprometió el acompañamiento del Frente de Todos a la designación de Figueroa.

En cambio, sobre el resto de los postulantes, una legisladora kirchnerista deslizó a este diario que si bien habrá apoyo a la mayoría de postulantes, se definirán en las próximas horas los casos en los que hubo impugnaciones. Para la luz verde en el recinto, el oficialismo necesitará -como mínimo- el acompañamiento de parte del interbloque federal, en caso que Juntos por el Cambio no quiera votar ningún pliego.

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