Cae testigo “espontáneo” en el juicio y se contradice con lo que declaró en 2016

Cergneux fue observador en tres obras de Báez, pero ayer ratificó que no pudo constatar las irregularidades porque no había concurrido en persona.

Imagen: Wikipedia

Un exfuncionario de Vialidad que había declarado en forma “espontánea” en la instrucción no pudo robustecer sus propios dichos sobre supuestas irregularidades en las obras de Lázaro Báez y sumó elementos para las defensas.

Ayer, declaró en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz el exinspector de la Dirección Nacional de Vialidad, Martín Cergneux.

El profesional fue observador de tres obras: una de la ruta 3 a cargo de Kank y Costilla en el año 2006 (cuando la empresa aún no era de Báez), otra de la ruta 288 de la misma firma pero cuando ya había sido adquirida por el empresario patagónico y una de la ruta 9 de Austral Construcciones.

Cergneux fue uno de los testigos que habían declarado en la etapa de instrucción, pero lo hizo en forma reservada un 28 de julio de 2016. Sin que nadie lo hubiera citado se presentó por su cuenta ante el fiscal Ignacio Mahiques. En aquella declaración dijo que en una obra en la que fue inspector en el año 2005 descubrió que había más trabajos de los que se habían certificado. En concreto, hizo referencia a dos ítems que habrían tenido irregularidades: la construcción de terraplén y el acopio de ripio. Según había detallado, a su manera de ver no se habían construido las cantidades que estaban certificadas y que por ese motivo él no firmó los certificados posteriores. Lo que ocurrió luego es que pasó a ser un inspector adjunto de esas obras por lo que se dedicó solo a medir, pero sin firmar la documentación correspondiente.

Cuando se le preguntó en la audiencia de este martes cómo sabía en forma fehaciente que había diferencias entre lo hecho y lo certificado no pudo dar mayores detalles. Y, respecto del ítem sobre el acopio de ripio tampoco aportó elementos contundentes, ya que reconoció que no pudo constatarlo en el lugar y que él no recorrió personalmente ninguna de las seis canteras que tenía Austral Construcciones.

Pagos anticipados

El testigo -al igual que otros declarantes- desarmó la hipótesis de irregularidades a través de los pagos anticipados. Reconoció que era habitual que hubiera adelantos financieros para todas las empresas y no sólo para las de Báez, que luego eran descontados de los pagos totales de las obras; como así también un ítem que se denomina “movilización de obra”, que también se paga por adelantado y después se descuenta.

También, coincidió con otros testimonios en este juicio que señalaron que es habitual que las obras se demoren o paralicen en la Patagonia por faltantes de gasoil, de cemento, condiciones climáticas, u otros imponderables. Y ratificó que es totalmente diferente construir una ruta en el sur que en otra parte del país debido al clima y a la particularidad del terreno.

Terraplenes

Para uno de los dos peritos del estudio oficial, los sobreprecios de las obras se pagaron a través de los terraplenes, que estaban construidos más altos que lo que supuestamente correspondían. Sin embargo, las defensas aseguran que la pericia incurrió con este cálculo en un grave error técnico, ya que se calcularon los terraplenes construidos como si todos fueran de la misma altura, algo que no ocurre en la realidad.

“¿El terraplén es constante?”, preguntó el abogado de Báez, Juan Villanueva. “No”, aseguró. “Menos en terrenos como en la Patagonia”, dijo. Y explicó que si se calculara una altura constante del terraplén para toda la ruta el número que te va a dar como resultado final será una “lotería”.

Este elemento ya fue derribado por otros técnicos que declararon ante el TOF2 y será motivo de debate cuando declaren los peritos oficiales dentro de dos semanas.

Mientras tanto, todas las partes se preparan para el último testigo de este juicio antes de los dos peritos. Se trata, nada menos, que del actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel. Ex titular de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri fue quien redactó y presentó la denuncia que originó esta causa, en base a una pericia que él mismo ordenó y que -paradójicamente- no arrojó sobreprecios en las obras investigadas.