Votan fondos para 12 expropiaciones

La Legislatura porteña tiene previsto sancionar hoy una ley que expropia los inmuebles e instalaciones de 12 empresas que fueron declaradas de utilidad pública a partir de 2002. Este año a tres de esas firmas, que al quebrar fueron entregadas por los legisladores y Aníbal Ibarra a los empleados, se les vence el plazo de «ocupación temporaria» de los edificios y de las instalaciones. Por eso los diputados directamente proponen que el gobierno de la Ciudad compre esos bienes y los entregue a las cooperativas que luego los pagarían mediante una hipoteca del Banco Ciudad de Buenos Aires a largo plazo y con tres años de gracia. En este caso, según explicaron los legisladores, salen beneficiados los acreedores de la quiebra, que conseguirían un monto mayor para poder cobrar sus deudas, ya que los inmuebles -algunos de magnitud como la ex Maderera Córdoba-en una subasta pública son liquidados por mucho menos de la mitad de su valor de mercado. En este caso los compra el Estado a través del Banco Ciudad y se estima que a un valor más alto.

De todos modos la ley señala que «el Banco de la Ciudad de Buenos Aires actúa como tasador de los bienes sujetos a expropiación, no pudiendo abonarse suma alguna, en concepto de indemnización expropiatoria, que supere el monto que razonablemente pudiera ser obtenido en el correspondiente remate judicial».

La norma se tratará hoy sobre tablas, es decir, que no tiene dictamen de comisión, pero cuenta con los votos de los legisladores del kirchnerismo, los de la izquierda y los propios de Aníbal Ibarra. El autor de la iniciativa es el titular de la bancada kirchnerista, el abogado de fábricas expropiadas, Diego Kravetz. El ex adherente a Miguel Bonasso, aseguró que, en conjunto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería pagar alrededor de $ 15 millones por los inmuebles.

La ley que se proponen aprobar hoy los legisladores porteños es el preámbulo de una norma general para los procesos de expropiación que se incrementaron en los últimos años en la Capital Federal.

La ley declara «de utilidad pública y sujetos a expropiación» los inmuebles «y todas sus instalaciones», y al mismo tiempo de acuerdo con la norma, «la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cede a título oneroso los inmuebles y todas sus instalaciones expropiados» a las cooperativas que conformaron los empleados para poder retener las empresas para las que trabajaban. De esa manera recibirían los inmuebles Cooperativa Vieytes (ex Ghelco, insumos para helados); Chilavert Artes Gráficas Limitada; La Nueva Esperanza (ex Grisinópolis); Diógenes (ex Fortuni); Coopeperl, envases industriales; Viniplast; la ex Conforti ( gráfica); ex Esimax; Clínica Fénix; Madereda Córdoba; Lácteos Montecastro (ex mozzarella Séptimo Barón) y la polémica ex Brukman.

Sobre esa fábrica usurpada esta semana se conoció que la Cámara de Apelaciones ratificó el procesamiento por usurpación de seis ex empleados que ocuparon ilegalmente el lugar. Sin embargo, los legisladores, de aprobar la ley, expropiarían el inmueble y las instalaciones de la textil que era reclamada por su dueño mientras estaba ocupada, pero con el fallo de quiebra terminó siendo expropiada por los legisladores porteños.

Luego se señala que «el monto a abonar por la cesionaria estará determinado por la suma que se pague en concepto de indemnización expropiatoria y se reintegrará en cuotas pagaderas en un plazo no menor a 20 años, contado a partir del tercer año del efectivo pago».

«De esta manera nos vamos a dar cuenta qué empresas funcionan y cuáles no, porque las que están funcionando bien van a poder pagar su cuota, las que no, el gobierno porteño, con una escritura en primer grado a su favor, no tendrá más opción que quitarles el bien», explicó el macrista Jorge Mercado.