COP30 Cambio Climático: la próxima década será clave para acelerar la acción climática

Entre los temas centrales que se esperan tratar se encuentran la reducción de las emisiones de metano, medidas de adaptación, financiamiento y la transición energética justa.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno recortó hasta un 83% del presupuesto destinado a partidas ambientales y paralizó espacios clave de gobernanza climática.

Comenzó la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Belém, Brasil. Después de una década, la cumbre climática regresa a América Latina.

Entre los temas centrales que se esperan tratar se encuentran la reducción de las emisiones de metano, medidas de adaptación, financiamiento y la transición energética justa.

“Esta cumbre será decisiva: marca el décimo aniversario del Acuerdo de París y el cierre del primer ciclo completo de implementación. Su éxito dependerá de alcanzar un paquete político integral que combine ambición climática, financiamiento, equidad y justicia”, explicó Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Además, agregó: “En estas tres décadas se han logrado avances estructurales que transformaron la gobernanza climática global. Sin embargo, la próxima década será determinante. De no acelerar sustancialmente la acción climática, se perderá la oportunidad de traducir la arquitectura del Acuerdo de París en resultados concretos que garanticen una transición justa y resiliente”.

Argentina llega con una agenda ambiental debilitada

Desde diciembre de 2023, el Gobierno recortó hasta un 83% del presupuesto destinado a partidas ambientales y paralizó espacios clave de gobernanza climática, como el Gabinete Nacional de Cambio Climático y su Consejo Asesor Externo.

A su vez, según el Observatorio Nacional de Acción Climática —del que FARN forma parte—, el 73% de los 100 objetivos oficiales que Argentina asumió en materia climática, tanto a nivel nacional como internacional, no está en camino de cumplirse para 2030.

De ese total:

• 17% es imposible de cumplir en el plazo establecido,
• 20% no presenta avances,
• 36% muestra un avance leve, solo el 16% de las metas tiene avances reales:
• 10% avance moderado,
• 3% cumplimiento esperado,
• 3% cumplido, y el 11% no cuenta con información suficiente.

“No cumplir con las metas de mitigación y adaptación no es solo un problema ambiental, sino también social, económico y jurídico que vulnera derechos fundamentales y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”, sostuvo Victoria Laguzzi, integrante del área de Política Climática de FARN.

“En el ambiente, los impactos ya son visibles: las inundaciones de Bahía Blanca en marzo de 2025, con 16 personas fallecidas y más de 5.000 viviendas afectadas, son una muestra del aumento de eventos extremos. En la economía, la falta de acción incrementa los costos de reconstrucción y adaptación frente a desastres climáticos”, indicó Laguzzi.

De hecho, según el Banco Mundial, las inundaciones representan más de la mitad de los desastres naturales registrados en Argentina desde 1970 y generan pérdidas por más de 1.000 millones de dólares al año.

Respecto a lo jurídico, Laguzzi explicó que las recientes Opiniones Consultivas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron contundentes al afirmar que los Estados tienen la obligación legal de actuar con la mayor ambición posible frente a la crisis climática. No hacerlo constituye una violación a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la salud y un ambiente sano.

Transición energética

Durante esta COP30 los países deberán dar respuesta al llamado del Balance Mundial —una herramienta del Acuerdo de París para evaluar la acción climática— a transicionar lejos de los combustibles fósiles.

Sin embargo, “la promoción de nuevos proyectos de gas y petróleo en la Argentina va en sentido contrario a esa meta y a la necesidad de abandonar progresivamente los sectores y actividades más contaminantes y que más impactos generan en los territorios”, sostuvieron desde FARN y Recourse en el documento “Deuda, FMI y fósiles: cómo la presión financiera empuja a Argentina a incumplir el Acuerdo de París”, recientemente publicado por ambas organizaciones.

El documento subraya que, “en un país donde más del 80% de la matriz energética depende de los combustibles fósiles, las políticas actuales, centradas en la expansión de proyectos hidrocarburíferos como los del Golfo San Matías, profundizan la dependencia fósil y alejan a la Argentina de una trayectoria de descarbonización”.

Emisiones de metano

La CEO de la COP30, Ana Toni, destacó que centrar los esfuerzos en disminuir las emisiones de metano en el sector de los combustibles fósiles es fundamental para frenar tanto la velocidad como la magnitud del calentamiento global y aseguró que será uno de los temas centrales de la cumbre de este año.

“Frente a este contexto crítico, es urgente actuar sobre lo invisible. Exigir políticas concretas y orientadas. Nombrar al metano. Convertirlo en prioridad. Mitigar el metano es la vía más rápida para desacelerar el cambio climático. Porque lo que no se ve también enferma, desplaza, destruye y mata”, sostuvo Giselle Munno Dithubide, responsable del área de Legales de FARN.

El metano es el segundo gas de efecto invernadero más contaminante. Es 80 veces más potente que el CO en un período de 20 años y es responsable de más del 50% del ozono troposférico presente en la atmósfera, de acuerdo al Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Este contaminante atmosférico causa un millón de muertes prematuras cada año a nivel global y expone a las personas afectadas al riesgo de contraer enfermedades respiratorias graves.

En la revista Pulso Ambiental Nº25, publicada por FARN, alertaron que en Argentina, más del 60% de las emisiones de metano originadas por las actividades humanas provienen del sector agrícola; un 29% del sector energético —fundamentalmente de fugas en la producción y transporte de petróleo y gas— y el resto (aproximadamente un 7%) de una gestión inadecuada de los residuos y de los más de 5000 basurales a cielo abierto a lo largo de todo el país.