Avaló Nación el peligroso manejo de toma en Sta. Cruz

«El gobierno ha tenido siempre contemplación» respecto de este tipo de situaciones y ha buscado la solución de los conflictos, aunque sea a través del «camino más largo», aseguró ayer Fernández al ser consultado por el caso de Termap.Las empresas no coinciden en lo más mínimo con el funcionario de Néstor Kirchner. Por el contrario, entienden que debieron acordar con los activistas «ante la inexistencia de perspectiva alguna de que la ocupación fuera interrumpida por la vía judicial», según consta en un comunicado emitido este domingo, tras la liberación de la planta.
Fernández, en cambio, dijo apoyar «la evaluación y la decisión» tomadas por las autoridades provinciales, que consideraron la conveniencia de «negociar la situación». Paradójicamente, luego indicó que el gobierno nacional «seguirá trabajando para ir cambiando el accionar de grupos de estas características».
Según el ministro, cuando se llega a extremos como en el caso de Termap, «por supuesto que hay que evitar la fuerza», pero al ser cuestionado por la proliferación de este tipo de medidas en todo el país, se atajó señalando: «Lo que tenemos que ir consolidando, aclarando y diseñando es una estrategia tan certera y contundente que estas actitudes no sean gratuitas para quienes las toman, y que en algún momento tengan que pagar en la Justicia».
 Denuncia
Lo llamativo del caso es que las empresas que controlan Termap -Repsol YPF, Vintage Oil y PanAmerican- hicieron saber que, pese a haber elevado dos denuncias para que se desocupe la planta, no tuvieron ninguna respuesta y se vieron forzadas a negociar con los activistas en condiciones desfavorables y ante el riesgo de accidentes con los tanques de combustible.
En este marco se desata una polémica entre Termap y la provincia, ya que, tal como lo informó este diario, los administradores de la planta aseguran que «el 2 de agosto, una semana después de comenzada la ocupación, el juez de instrucción de Caleta Olivia, Marcelo Bailaque, instruyó al ministro de Gobierno de Santa Cruz para que procediera a desalojar la planta» y que el 4 de agosto solicitaron que «se reiterara la orden de desalojo bajo apercibimiento de desobediencia».
Según las empresas, la respuesta desde la provincia fue manifestar que no disponía «de los medios adecuados para proceder al desalojo compulsivo». Sin embargo, desde el Ejecutivo santacruceño aseguran que nunca les llegó la orden de desalojo de Bailaque.