Buscan extender al país plan Montoya

Ambito Nacional

El planteo comenzó a ser discutido en el marco de las II Jornadas Tributarias del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CEATS), que se realizan desde ayer en Mar del Plata y que reúnen a especialistas nacionales e internacionales, además de representantes de los fiscos de todo el país y algunos ministros de Economía.

«Hay que distinguir entre los poderes de cobro compulsivo y su uso», aclaró Alejandro Otero, director general de Rentas del Gobierno de la Ciudad, durante la conferencia de apertura que compartió con su par bonaerense, Montoya.

«Que los fiscos dispongan de capacidad para el cobro compulsivo de la deuda en mora es un gran avance. Evita a todos, contribuyentes y administración, los costos de tener que ir a juicio para cobrar deudas que, como sucede con las patentes y los gravámenes inmobiliarios, no admiten dudas sobre su exigibilidad; que después esos poderes sean usados de manera estridente o en silencio dependerá del estilo de cada gestión», aclaró Otero. Y advirtió: «A no confundirse: un uso polémico del poder de cobro compulsivo del fisco no debe llevar a cuestionar el instrumento de cobro, que es razonable y existe en muchos otros fiscos del mundo».

El concepto del porteño encontró rápido eco entre otros representantes provinciales. Uno de los más entusiastas fue el mendocino Alejandro Donati, que se apuró a organizar próximamente un encuentro en la ciudad capital cuyana para debatir precisamente la necesidad de implementar en el corto plazo este sistema de cobro.

Otros enviados del interior, como Horacio Sapag de Jujuy, Karina Laimes de Salta, Eduardo Aseff del partido bonaerense de Morón, el cordobés Daniel Montes y la rosarina Teresa Beren, entre otros, también se mostraron interesados en la propuesta.

Las jornadas del CEATS convocaron también a representantes de los fiscos de Chile, Perú y Francia. Precisamente de la experiencia europea se nutrieron los recaudadores argentinos para justificar la legitimidad de medidas como las que ponen hoy a Buenos Aires en el centro de la polémica.

En Francia, por ejemplo, el organismo de Rentas realiza al año 50.000 inspecciones
de las cuales sólo se judicializan 1.000, según explicó Albert Bovigny
. De esa manera, amplió, «no se produce un colapso de la Justicia».

Para Otero, ésa es la clave: «Es insensato que una deuda que es exigible tenga que ser remitida a sede judicial. La Justicia no está para hacer cumplir deudas de cobro debido», dijo.
Por su parte, sobre la metodología francesa, Montoya opinó: «Nosotros tenemos un límite, porque no tocamos el derecho a la propiedad. En embargos de cuentas, bloqueamos el dinero pero no lo pasamos a Rentas. Luego es el juez el que debe actuar. En Francia, rematan ellos», contó.

Escribe
Florencia Arbeleche

Dejá tu comentario