Cárceles: echan a 71 efectivos por corrupción

Unos 71 agentes penitenciarios, entre oficiales y suboficiales, fueron declarados prescindibles y alejados de la institución, sin posibilidades de reinserción. La mayoría de los declarados prescindibles ha tenido denuncias por malos tratos, tortura o corrupción. En varios casos, se trata de oficiales con poder de decisión en las unidades que han consentido la aplicación de golpes o insultos a los detenidos, mientras que en otros han participado personalmente.
La lista también está integrada por efectivos que han cometido actos de corrupción, fundamentalmente con los alimentos destinados a las unidades penales o con los trabajos que se encaran desde los mismos penales.
El tercer grupo se define por aquellos que no han cumplido cabalmente sus deberes o no han mostrado contracción al trabajo. En una cantidad importante de estos casos, también existe la denuncia penal correspondiente.
Sin embargo, hay casos en que los propios detenidos prefirieron no hacer la denuncia ante el fiscal, pero de cualquier manera el Ministerio decidió actuar para no generar en el resto del personal y los internos una sensación de impunidad.
«Solicitamos la ley para poder establecer estos criterios. Aquel que pretende que la persona privada de libertad se inserte en la sociedad, cumpla su pena y sea una persona útil, claramente tiene lugar en nuestra institución, pero aquel que crea que el detenido dejó de ser persona o ha perdido todos sus derechos tiene que buscar otro lugar», afirmó el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco.
De acuerdo con las situaciones que contempla la Ley de Emergencia, dieciséis oficiales y dos suboficiales pasarán a retiro, en tanto ocho oficiales y cuarenta y cinco suboficiales fueron declarados prescindibles. Al explicar en qué marco se dieron estas bajas, Di Rocco explicó: «Estamos en un sistema superpoblado y con características complicadas en la población carcelaria, cada vez más joven, más violenta y con altos niveles de adicción a los estupefacientes».
En efecto, entre las casi 25.000 personas privadas de su libertad en el ámbito bonaerense, 77,55% tiene menos de 35 años. Además, en una encuesta realizada el año pasado y de respuesta voluntaria por parte de los internos, 55% de los internos admitió haber consumido drogas y 41% relaciona su adicción con el delito cometido y por el cual está en prisión.