Luego que en mayo el gobierno provincial recibiera desde distintos sectores diversos cuestionamientos, entre ellos al Plan de Inclusión Social, el mandatario decidió que los sanluiseños definieran en las urnas su apoyo o no al programa que hoy alcanza a más de 41 mil personas, que cobran $ 330 por mes -más obra social y ART- a cambio de 7 horas de trabajo diarias más capacitación, o emprendimientos productivos propios.Con vistas a esa compulsa, Rodríguez Saá diseña un diagrama de veedores que monitorearán ese día el paso de los ciudadanos por las urnas, que inicialmente incluyó a un listado de nombres que van desde Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín hasta Gabriel García Márquez y Hebe de Bonafini. Sin embargo, hasta el momento confirmaron su presencia, entre otros, el presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez; el presidente del bloque de diputados del PJ de Santa Fe, Daniel Kilibarda; un funcionario de la Cancillería nacional, Fernando Laos, y ocho diputados nacionales, entre ellos Nélida Morales (PJ), María del Carmen Rico e Inés Pérez Suárez. El que aseguró en cambio que no enviará veedores, en consonancia con la postura opositora, es el Comité Nacional de la UCR. Según Angel Rozas, la UCR «cree que en San Luis se está preparando una trampa en la búsqueda de legitimación del actual gobernador». «¿Quién va a estar en contra de generar empleo y que se dé trabajo a la gente?», se preguntó.
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En paralelo, la Justicia de San Luis falló a favor de la consulta popular, al rechazar un amparo presentado por dirigentes de la Multisectorial opositora al gobierno, quienes argumentaron que «los derechos humanos no se plebiscitan». Informate más
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