En un comunicado que reflejó «Diario Norte», de Chaco, el máximo tribunal local recalcó que, sobre la base de esta situación, hace tiempo ya que activó inspecciones anuales a los distintos institutos carcelarios de la provincia.Y que los resultados de esas inspecciones fueron transmitidos oportunamente a los distintos Ejecutivos que gobernaron la provincia.
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En paralelo, y respecto del fallo puntual de Fetorazzi, el STJ recordó que los magistrados no se encuentran sujetos a restricción alguna, aunque aseguró que es posible el contralor de sus fallos a través de los mecanismos recursivos que las propias leyes han creado.
En este marco, aclararon que la resolución del juez, que causó polémica en la provincia, es hoy por hoy motivo de examen por parte de los ministros de la corte provincial, en ejercicio de sus facultades de superintendencia.
En riesgosa decisión, esta semana el juez de Garantías de Roque Sáenz Peña, Fetorazzi, advirtió que en un mes liberará o dispondrá el arresto domiciliario de varios presos de la alcaidía de Roque Sáenz Peña si el gobierno provincial no soluciona los problemas de alojamiento y hacinamiento en esa dependencia.
Mediante el fallo, el magistrado ordenó, además, el desalojo de dos alas de la alcaidía chaqueña, donde funcionan viviendas de los jefes penitenciarios, y una oficina de criminalística, para que le sean entregadas para habilitarlas como lugar para reubicar a parte de los 280 detenidos, 100 más de los que el edificio tiene capacidad para albergar.
Desde el gobierno provincial, por su parte, aseguraron que ya activaron un plan de obras para llevar el número de plazas de esa alcaidía a 400 y mejorar las condiciones de detención, como parte de un programa integral de mejoras para las siete alcaidías que tiene la provincia.
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