Conflicto cada vez más amargo

Ya que tanto para la Argentina como para Uruguay el tema de las papeleras que se instalarán en Fray Bentos se ha convertido en una «causa nacional», no extrañaría del todo que el enfrentamiento entre los dos países continuara agravándose hasta ponerlos al borde de una ruptura de relaciones diplomáticas, lo que, de más está decirlo, sería absurdo.Mientras el canciller Jorge Taiana no vacila en acusar a los uruguayos de violar adrede «los principios básicos del derecho ambiental» y el gobierno quiere llevar el asunto a la Corte Internacional de La Haya, nuestros vecinos replican afirmándose víctimas de una suerte de guerra económica que les ha costado pérdidas multimillonarias y plantean la posibilidad de recurrir a las Naciones Unidas o a la Organización de Estados Americanos. Puesto que ambas partes han invertido tanto en la defensa de su actitud y hacen gala de su intransigencia patriótica, ninguna se siente capaz de retroceder ni un ápice. Mientras tanto, en nuestro país los infaltables activistas están haciendo todo lo que puedan para caldear aún más los ánimos, bloqueando puentes y rutas como si se propusieran aislar a Uruguay y, para variar, hostigando a la Embajada de Finlandia.
Aun cuando los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez se las arreglen para que haya una tregua, lo que a esta altura no les será nada fácil, no les será dado impedir que los perjuicios causados por este conflicto sean permanentes. Aunque en nuestro país las pasiones desatadas terminen apagándose, porque, al fin y al cabo, es mucho más grande y, por lo tanto, tiene más preocupaciones, el rencor persistirá en Uruguay, cuyos habitantes no podrán sino creer que la Argentina se movilizó con el propósito de privarlos de una industria que, en vista de las dimensiones reducidas de su economía, les sería sumamente importante.
Asimismo, puesto que varios gobernadores provinciales han señalado que les encantaría que empresas como Botnia y ENCE decidieran construir plantas celulósicas en su territorio, invirtiendo la friolera de dos mil millones de dólares en la economía local, es natural que muchos uruguayos se hayan convencido de que en el fondo la disputa se debe al rencor del gobernador peronista de Entre Ríos, Jorge Busti, que por su parte hubiera preferido que los finlandeses y españoles optaran por instalar las fábricas en su provincia. Esto no quiere decir que las inquietudes de los ambientalistas sean ilegítimas.
Sin embargo, como distintos gobernadores provinciales han señalado, las industrias contaminantes son inseparables del desarrollo económico. Aunque a veces los costos así supuestos son claramente excesivos y es en consecuencia mejor no tenerlas.
Los entrerrianos temen que los uruguayos disfruten de todos los beneficios de las papeleras, pero que ellos tengan que pagar una cuota de los costos sin recibir nada a cambio. Se trata de una situación ingrata, pero la razón por la cual no están por instalarse papeleras grandes en Entre Ríos consiste en que, a diferencia de Uruguay, nuestro país tiene mala fama entre los inversores internacionales debido al trato que a partir de 2002 les propina el gobierno nacional. Huelga decir que el conflicto en torno a las plantas de Fray Bentos no los hará cambiar de opinión. Antes bien, ya habrá servido para advertirles que cualquier propuesta de construir en nuestro país fábricas que podrían resultar contaminantes los expondría al riesgo de verse frente a un ejército informal de activistas que harían lo posible para frustrar sus planes sin que el gobierno hiciera el más mínimo esfuerzo por obligarlos a respetar la ley.