Coparticipación: UCR suma nuevo eje a debate

Reunidos sus máximos dirigentes en la ciudad de Viedma, el viernes pasado emitieron un documento con los principales lineamientos que pretenden para dicha ley, entre los cuales se destaca la inclusión del total de los impuestos en la masa coparticipable, a la vez que pretenden una regulación, a través de un fondo compensador, para todos los subsidios que hoy maneja Nación, con los planes Jefas y Jefes de hogar a la cabeza. Presiona así el radicalismo a la administración nacional, forzando la discusión, al revés de lo que hoy practica el presidente Néstor Kirchner, que sólo parece ver en el armado de esta ley el cumplimiento de una formalidad -lo requieren la Constitución nacional reformada en 1994 y el FMI- sin encarar una reestructuración de fondo del enmarañado sistema de coparticipación, que en 2003 repartió nada menos que $ 19.700 millones entre las provincias, cifra que, según cálculos oficiales, este año treparía a $ 22.500 millones.
Para foguear el debate, por expreso pedido del presidente del bloque de diputados nacionales, Horacio Pernasetti, la Declaración de Viedma consensuada por gobernadores (de Mendoza, Julio Cobos; Chaco, Roy Nikisch; Corrientes, Ricardo Colombi; y Río Negro, Miguel Saiz), ministros y legisladores radicales, será acercada a la Nación, a los gobiernos no radicales y al resto de los partidos políticos.
Al calor del debate que se dio durante jueves y viernes en la capital rionegrina, Raúl Baglini -uno de los que más conoce del tema coparticipación y que si bien ya no es legislador, por su experiencia, hoy trabaja como asesor del partido- fue claro al plantear la posición radical: «No se ha podido demostrar que la Nación gasta e invierte mejor que las provincias», dijo. Resaltó además el mendocino que se «indigna» cuando escucha «que (el gobernador de Buenos Aires, Felipe) Solá reclama 6 o 7 puntos más de coparticipación, porque aporta 40% del total de la masa a repartir, pero no toma en cuenta que la mayor parte de los planes Jefas y Jefes quedan en su provincia».
Genera, de todos modos, alguna división dentro del partido el subsidio al desempleo, ya que los gobernadores están seguros de que quieren que sea la Nación la que se siga haciendo cargo del grueso del problema de los desocupados. «No queremos piqueteros en cada Ministerio de Trabajo de provincias», graficaron.
Aun así, se trata de un tema contenido en la propuesta de la UCR. Se habla de la creación de un Fondo de Desarrollo Regional (FDR), el cual -luego de que se cotejaran los proyectos de la senadora Curletti y los diputados Juan Robles y Víctor Zimmermann- estaría destinado a «lograr un desarrollo armónico, la creación de infraestructura básica para el crecimiento de las regiones, la revitalización de los centros productivos, y la regionalización del Banco Nación, que sería el agente financiero de estos objetivos».
Beneficiarias de este fondo serían las provincias y municipios con indicadores socioeconómicos rezagados, conforme principalmente a ponderaciones integradas por el PBG per cápita y las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Asimismo, el FDR se plantea como propiedad de las provincias y estaría bajo administración de un organismo fiscal federal a constituir, en tanto que la ejecución de programas estaría a cargo de cada jurisdicción.
 Centralización
Los propios radicales reconocen que, leyendo entre líneas, se está hablando de un manejo centralizado a través del FDR de «todo» lo que hoy se encuadra como subsidios de carácter «social» o fondo fiduciario. «Se evitaría un manejo discrecional de los fondos, y también se puede citar el ejemplo de los trenes, a los que el gobierno decide unilateralmente darles plata», señaló un legislador.
El objetivo marco de la propuesta de los radicales apunta a lograr un sistema de transferencias con un esquema similar al que se aplica en Australia, donde se aplica lo que se llama una «brecha fiscal». Esto, en resumen, requiere que se conozca cuál es el costo estándar de cada provincia para la provisión de bienes y servicios públicos, a lo cual se le opone la recaudación de ese distrito. La Nación debe entonces enviar fondos para cubrir esa diferencia, o brecha, entre los fondos que necesita y los que recauda. La traba que hoy existe es la carencia de información suficiente para hacer estos cruces de datos en forma eficiente.
En lo que respecta a la parte central del debate por la ley, sobre la masa coparticipable, la UCR propone «la inclusión de 100% de la recaudación de todos los impuestos existentes y por crearse, comprendiendo los Aportes Patronales a la Seguridad Social». Esto vale también para los impuestos específicos al comercio exterior, «ya que han dejado de ser un recurso coyuntural, para adquirir carácter permanente».
Hay, en tanto, también una pata del proyecto dedicada a la reforma previsional que, a grandes rasgos, propone la creación de una prestación universal que garantice a
todos los mayores de 65 años residentes en el país una cobertura mínima, a la vez que se propone la reformula-
ción de los actuales requisitos para jubilarse, la libre elección entre sistema público y privado y prestación asistencial para la población sin cobertura.