En pleno paro, gobernadores dan auxilio al campo

Juan Manuel Urtubey, Sergio Urribarri, Gildo Insfrán, Daniel Scioli

En medio del enfrentamiento que mantiene la dirigencia rural con el Gobierno nacional, los gobernadores parecen esta vez haber asumido un rol «de tranqueras adentro». A su estilo y de acuerdo con las posibilidades de cada distrito, varios de ellos dieron esta semana señales de diferenciamiento respecto de la política de apoyo al campo.

En Entre Ríos, punta de lanza de la ebullición del conflicto, el gobernador, Sergio Urribarri, anunció ayer que enviará a la Legislatura un proyecto de ley que prevé reducir a cero peso el impuesto inmobiliario rural que pagan los propietarios de las parcelas más pequeñas. La iniciativa alcanzará a 50.000 productores y establece que los pequeños propietarios verán reducida su imposición un 12% promedio; mientras que los grandes terratenientes verán incrementado el tributo entre un 108 y un 220%, según la zona y la superficie.

De este modo, habrá reducción para el 94% de los contribuyentes del gravamen, correspondiente a 49.000 contribuyentes titulares de 3,9 millones de hectáreas; e incrementos para el 6% restante, compuesto por 2.860 propietarios dueños de 3,1 millones de hectáreas, que poseen propiedades promedio de 1.084 hectáreas.

Del 6% afectado por el aumento, solamente un 2% recibirá el ajuste máximo que se plantea.

La medida sería retroactiva al 1 de enero de 2009 y fundamenta que los pequeños productores deben recomponer su capital luego de dos campañas con severos problemas climáticos, con apoyo en la etapa inicial del proceso productivo.

El proyecto «es una medida absolutamente justa y productivista», y marca el comienzo de «la progresividad como eje estratégico de la política tributaria», explicó Urribarri al dar a conocer los detalles del proyecto.

Para el bonaerense Daniel Scioli el argumento explícito de respaldo al campo pasa por exhibir la buena sintonía con los productores -agendó esta una serie de desembarcos en distritos clave- y por marcar el fuerte acompañamiento de la banca pública a las pymes rurales. En efecto, los fondos destinados al sector crecieron un 57 por ciento respecto de 2008, es decir que sólo este año se otorgaron 800 millones de pesos en financiamiento, según precisó el presidente del Banco Provincia, Guillermo Francos.

«Estamos trabajando junto al Ministerio de Asuntos Agrarios en la colocación de otra línea de crédito subsidiada», adelantó Francos. Según se informó, con un primer tramo de $ 50 millones, la nueva línea está destinada a financiar la implantación de verdeos, confección y adquisición de reservas forrajeras, mantenimiento y fertilización de pasturas, mejora de campo natural y capital de trabajo para la cría de ganado vacuno, con una tasa final para el productor del 9,5% anual, fija y en pesos.

En Chaco, el oficialista Jorge Capitanich recordó que la provincia incrementó el 800% el nivel de asistencia para el sector agropecuario. Sin embargo, a diferencia de sus pares, Capitanich cargó contra la dirigencia rural y dijo que se trata de «un paro con intencionalidad política». Agregó que «como el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, está buscando campos en la zona del sudoeste chaqueño, también es probable que venga a firmar los contratos de alquiler y para ver cómo evoluciona la perspectiva de sus cultivos».

Otro que avanzó en medidas para favorecer al campo es el salteño Juan Manuel Urtubey, que anunció ayer la eliminación del impuesto a la Mera Compra, un tributo que alcanza a todo aquel que compre granos a los productores salteños. El total de la operación se grava con un 1,5 por ciento. Sin embargo, el gesto de Urtubey no parece alcanzar para aplacar el malestar de los ruralistas de la provincia. El titular de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Mussari, acusó al Gobierno provincial de ser «responsable de frenar el extraordinario crecimiento del campo». Dijo, por caso, que la habilitación de tierras para ganadería como para agricultura se paralizó, con directas consecuencias en la actividad económica.

Con marcadas diferencias, en cambio, aparece en Formosa la relación entre los dirigentes del campo y el Gobierno de Gildo Insfrán. El acompañamiento que la provincia ofrece al sector se tradujo este fin de semana en una exhortación pública de diferentes entidades formoseñas a que la Casa Rosada nacionalice la experiencia de diálogo local. Todo un gesto, de uno y otro lado, que deja al descubierto el nuevo posicionamiento de los gobernadores frente al eterno conflicto con el agro.