FMI: caen envíos discrecionales (el desafío es profundizar baja)

Primeros indicadores del año muestran paulatino descenso en los fondos que se giran a provincias por fuera de la coparticipación.

Efectos. Los gobernadores acompañaron el acuerdo con el FMI entendiendo que una cesación de pagos repercutiría negativamente también sobre sus finanzas y sus administraciones.

El acuerdo por la refinanciación de los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional, tendrá un impacto directo sobre las finanzas y la política de las provincias que, entre otros aspectos, registrarán un recorte en las transferencias de fondos discrecionales que el Gobierno nacional distribuye bajo el formato de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); un ajuste que, en rigor, ya comenzó a visibilizarse antes de que el entendimiento quedara aprobado el jueves por el Congreso. Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, los envíos de ATN, es decir el dinero que se distribuye por fuera de la coparticipación, tuvieron una baja del 16,7% en términos reales en el acumulado de enero y febrero.

En el punto “Otros gastos corrientes” del memorándum con el Fondo, que obtuvo el respaldo de los gobernadores, la Nación se compromete a “limitar las transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales”, un cambio que hubiera condicionado, por caso, el acuerdo sellado horas antes de que el proyecto del acuerdo con el FMI ingresara en Diputados- entre la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof por un desembolso de 75 mil millones de pesos para reforzar en distintos frentes la gestión del gobernador para lo que resta del año.

Marcelo Capello, vicepresidente del IERAL, explicó que esa caída se produjo en el marco de un crecimiento de las transferencias totales del 2,6%, con un alza del 4,1% en el caso de las transferencias automáticas (básicamente las del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y compensaciones por el Consenso Fiscal), lo que permite configurar un esquema en el que estas últimas cobran una mayor preponderancia debido también a una mejora en las condiciones económicas de los estados subnacionales. Los ATN siempre han funcionado como una herramienta de financiamiento político, especialmente en tiempos electorales. Cumplir firmemente con un compromiso para limitarlos supone un desafío para el próximo año, cuando deberán renovarse la Presidencia y las gobernaciones, aunque el escenario esconde un riesgo: “El acuerdo no habla de eliminar las transferencias, sino de limitarlas. Por lo tanto ello podría profundizar la inequidad política en la distribución”, deslizó un ministro de Economía de un distrito históricamente marginado en el reparto de esos fondos.

Sin embargo, más allá del razonamiento político, Capello admitió que “es difícil que en un país no exista algún margen para la existencia de transferencias discrecionales”, ante el surgimiento de circunstancias imprevistas, como fue el caso de la sequía y los incendios en Corrientes, que con un aumento interanual real del 42,6% fue la segunda provincia en cuanto a los incrementos porcentuales respecto del primer bimestre de 2021, solamente superada por Tierra del Fuego. De acuerdo con un informe de la consultora Aerarium, el año pasado los ATN beneficiaron mayormente a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa, en detrimento de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Una ecuación que se profundizó luego del resultado de las PASO, con el crecimiento de los envíos discrecionales a los 18 distritos donde las listas de legisladores oficialismo habían caído ante las de la oposición de Juntos por el Cambio.

“Su existencia genera, además, excesiva actividad de búsqueda de rentas por parte de los funcionarios provinciales, a muchos de los cuales les reditúa más gestionar ayudas que sus propios recursos, que además generan costos políticos al aplicarlos”, completó el analista del IERAL.

Siempre de acuerdo con los datos del IERAL, en el primer bimestre se giraron $8.623,6 millones por financiamiento de Cajas Previsionales provinciales no transferidas a la Nación (Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, La Pampa y Santa Fe) y $6.969,9 millones por “Asistencia Financiera a Provincias” (La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero). Asimismo, Buenos Aires recibió $13.626,7 en enero y febrero por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y la Ciudad $6.902,7 millones por la “Reglamentación Ley N°27.606”, que refiere a la transferencia de los servicios de la Policía Federal.

El otro punto del acuerdo sensible para la relación entre las provincias y la Casa Rosada es el que refiere a la coordinación fiscal, enmarcado en el nuevo Consenso Fiscal firmado en diciembre pasado que le quitó a los gobernadores definitivamente la obligación de avanzar en una baja escalonada de Ingresos Brutos, definida durante la gestión de Mauricio Macri.

A pesar de las muestras de respaldo y de la adhesión formal a la ley de Responsabilidad Fiscal, son pocas las provincias que cumplen de manera religiosa con la presentación ante el Consejo de Responsabilidad Fiscal de los balances trimestrales de una norma que sin tener reglas duras buscaba poner ciertos límites al gasto en personal público, uno de los más importantes de las administraciones.