Imputan a gremialistas de ATE por toma de ministerio de Vidal

La resolución cobra relevancia en medio de la profundización de la conflictividad sindical tras la megadevaluación y la pulseada por el ajuste post FMI. De Isasi y Banegas, a indagatoria el 30-O.

escalada. El copamiento del Ministerio de Economía, en La Plata, del 18 de septiembre, fue parte de la virulenta embestida de ATE “en defensa de los puestos de trabajo” del Astillero.

Con el telón de fondo de una creciente conflictividad gremial, el fiscal platense Carlos Romero imputó ayer por los supuestos delitos de "coacción agravada" e "incitación a la violencia" al titular de ATE-Ensenada, Francisco Banegas, y al secretario general de ATE provincia, Oscar de Isasi, por la toma el 18 de septiembre del Ministerio de Economía bonaerense, en el marco de la puja de los trabajadores del Astillero Río Santiago con la administración de María Eugenia Vidal.

Para el fiscal, los gremialistas "intentaron coaccionar" al ministro de esa cartera, Hernán Lacunza, "en el contexto de un conflicto laboral entre los trabajadores del Astillero y el Gobierno Provincial". Ambos fueron llamados a indagatoria el 30 de octubre.

"No hay posibilidad de enmarcar los hechos acontecidos en el concepto de manifestación y protesta pacífica", advirtió, en un posicionamiento que cobra relevancia en función del contexto de escalada de protestas gremiales y de organizaciones sociales, frente al impacto de la megadevaluación y el ajuste post FMI.

"No se trata de desconocer el derecho de reunión, petición o protesta", aclaró, pero remarcó que "es hora de impedir que bajo su manto sagrado se continúen legitimando acciones criminales de distinta gravedad".

Por eso imputó a Banegas -quien lidera la conducción sindical del astillero- y a De Isasi por los presuntos delitos de "coacción agravada por la calidad de miembros de los poderes públicos de sujeto pasivo en grado de tentativa, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad en concurso real".

El día de la protesta, los trabajadores -movilizados por ATE- desembarcaron en la sede de Economía luego de que Lacunza cancelara una reunión.

La embestida derivó en el ingreso -violentaron el portón de acceso- de unas 700 personas al edificio, que iniciaron un copamiento que se extendió por unas 12 horas y que concluyó gracias a la mediación de la Iglesia. La toma interrumpió la actividad ministerial y generó daños en las instalaciones.

En el expediente, Romero consideró que existen "motivos para sospechar ´prima facie´" que Banegas y De Isasi "son dos de los autores penalmente responsables de los ilícitos descriptos".

En esa línea, los acusa de haber abusado "de los tributos que la representación conferida por las bases le otorgaron, que no es otra que la establecida en el Estatuto respectivo". Romero entiende que ambos aprovecharon "la angustia y la incertidumbre de los trabajadores" para incitarlos a la toma.

Entre las pruebas recolectadas por el fiscal se incluyen la toma de declaraciones testimoniales a Lacunza y a funcionarios de esa cartera, además de registros fotográficos y fílmicos.

El copamiento se produjo luego de la toma que dirigentes de ATE y trabajadores llevaron adelante días antes en la planta de Ensenada y que tuvo durante horas, como virtual rehén, al interventor Daniel Capdevila. Previamente, el 21 de agosto, habían estallado disturbios con la Policía frente a la Gobernación, en una concentración "en defensa de los puestos de trabajo".

En el entorno de Vidal atribuyen la virulencia a una reacción tras la presentación en julio por parte de Capdevila de una denuncia judicial contra ATE-Ensenada y exgerentes por presunta administración fraudulenta.

Pero además endilgan un fogoneo a sectores del ultrakirchnerismo, y apuntan al intendente de Ensenada, Mario Secco. En las últimas horas, Vidal redobló la apuesta. "No hubo ningún hecho puntual del Gobierno contra los trabajadores y sí hechos de violencia provocados por personas que actúan en política, como el intendente Secco. Y por personas que están dentro del gremio que estaban involucradas en hechos de corrupción. Entonces, no puedo más que pensar que en Astillero hubo intencionalidad política", enfatizó.