22 de junio 2004 - 00:00
Nación: "La ley fiscal también nos controlará"
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Mediante la Ley de Responsabilidad Fiscal, la Nación pretende como objetivos de máxima fijar reglas generales de comportamiento fiscal y dar una mayor transparencia a la gestión pública de las provincias. La iniciativa surge desde el Ministerio de Economía, luego de que se trabara el proceso de creación de una nueva Ley de Coparticipación Federal, y se activara la necesidad de ofrecer alguna respuesta a uno de los principales pedidos del FMI hacia la Argentina, en pos de lograr un control del reparto de fondos y los gastos de la Nación y las provincias.
La mayoría de los gobernadores ya dio -en el nivel político- su apoyo a la ley que impulsa Nación y que, según el PJ, hoy podría tener dictamen favorable en la Comisión del Senado. Sólo resta conocer el final de la negociación -cada vez más encaminada- con el bonaerense Felipe Solá, en tanto que el neuquino Jorge Sobisch y el salteño Juan Carlos Romero son los únicos que rechazaron el proyecto de plano. Aun así, por lo bajo, son varios los gobiernos que tienen críticas. La principal es la que hoy tuvo respuesta en boca de Fernández y señala que la ley estaría llena de obligaciones para las provincias, pero no tiene un correlato para el gobierno central.
Por su parte, en el interior aseguran que no es nada claro el modo en que se aplicarán los límites al endeudamiento, más allá de que se sepa que -bajo la amenaza de sanciones- no puede exceder 15% de los recursos corrientes de cada Estado. Vale señalar al respecto que distintos especialistas ya recomiendan la necesidad de implementar algún mecanismo de transición para adecuar en el tiempo el perfil de la deuda por debajo del ratio establecido como límite, para recién a partir de allí aplicar las sanciones correspondientes. A su vez, sostienen los provinciales que el proyecto les limita la posibilidad de contraer deudas, pero no lo hace con la misma precisión a la Nación.
Por todas estas diferencias, un fuerte pedido hacia el gobierno central apunta a que las provincias tengan mayor poder de decisión política en los organismos que velarán por la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.




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