Peligroso: la suba costaría $2.700 M

Horas antes que los ministros Roberto Lavagna (Economía) y Carlos Tomada (Trabajo) y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anunciaran el aumento para los empleados públicos nacionales, media docena de ministros de Economía de provincias fiscalmente sanas le rogaron al titular del Palacio de Hacienda que no otorgara la suba. «Si hacés eso nos tirás la pelota a nosotros y te lo vamos a cobrar en la coparticipación», le advirtieron a Lavagna los ministros provinciales. Con esa nueva traba, no extrañó que el gobierno retirara silenciosamente del Congreso el proyecto de coparticipación al saber que no tendría apoyo político. Según estimaciones de M&S Consultores, aumentar $ 150 en los sueldos provinciales costaría cerca de $ 221,1 millones mensuales o $ 2.653 millones anuales. Si bien el sector público nacional tiene una dotación de 307.256 empleados, sólo 105.300 fueron beneficiados con el aumento de $ 150. El costo para el Tesoro Nacional es de $ 105 millones para 2004 (ya en 2005 superará $ 180 millones).
En cambio, para las teso-
rerías provinciales, los empleados involucrados son 1.360.621. De ahí que el impacto fiscal es relevante para las provincias.
De acuerdo con la performance recaudatoria se estima que el excedente del superávit primario acordado con el FMI -neto de los últimos aumentos en el gasto público- sería de $ 4.000 millones. De forma tal que el aumento en salarios provinciales insumiría casi 68% del excedente fiscal. En este contexto hay que tener presente que gran parte del boom recaudatorio es responsabilidad del Impuesto a las Ganancias, que en 2005 será menor por los anticipos.
 Negociación
Cabe recordar que Lavagna «negoció» los ingresos fiscales de las retenciones a las exportaciones argumentando que con ello financiaría los mayores planes Jefas y Jefes. Las retenciones son no coparticipables. Por eso ahora los gobernadores piden ser compensados con especies (obras públicas). Para FyE Consult «aunque el nuevo proyecto garantiza las transferencias mínimas a percibir en 2004, ningún gobernador estaría dispuesto a recibir menos en términos relativos de lo que le correspondería, a menos de resultar compensados por otro lado. La creación del «fondo K» complica las cosas».
Teniendo en cuenta esto, y que el proyecto de coparticipación es malo para el FMI, no se descarta que el organismo decida bajar los decibeles sobre esta cuestión para que la iniciativa actual no salga. Debe tenerse en cuenta que si bien el gobierno incumplió plazos fijados en el acuerdo en lo que se refiere a la sanción del proyecto, no puede decirse lo mismo respecto al texto del proyecto ya que no vulneraría el espíritu del mismo -con cierta interpretación favorable hacia el gobierno-.