5 de abril 2010 - 23:52
Por retenciones, perderán provincias $ 3.417 millones
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Ese cobro de los derechos de exportación repercute en las finanzas provinciales a través de dos canales. Según destaca el informe, «por un lado, implica una transferencia de fondos que va desde los productores provinciales hacia las arcas del Tesoro nacional, lo cual genera una menor capacidad recaudatoria a nivel provincial; por otro lado, el pago de retenciones implica una menor ganancia imponible y, por ende, una menor recaudación del Impuesto a las Ganancias, uno de los gravámenes más coparticipados».
Adicionalmente, el menor ingreso disponible del sector privado reduce el cobro del resto de los gravámenes nacionales -básicamente del IVA, el otro tributo de mayor peso relativo dentro de la coparticipación-, así como también el cobro de los impuestos provinciales.
En este marco, la consultora remarca que el costo fiscal bruto para las provincias de la implementación de las retenciones habría ascendido a casi $ 26.000 millones entre 2002 y 2009, a razón de una pérdida anual promedio de $ 3.240 millones. Aunque si se descuentan los recursos transferidos duran-te 2009 por el Fondo Sojero ($ 2.914 millones), las cifras se reducen a $ 23.000 millones y $ 2.875 millones, respectivamente.
En este escenario de arrastre, previsiblemente las provincias más grandes son las mayores perdedoras en términos fiscales por la implementación de las retenciones, al ser las principales exportadoras del país y, por tanto, las que más aportan a las retenciones (que entre 2002 y marzo de 2009 tuvieron como destino final exclusivo las arcas nacionales).
La más perjudicada en términos absolutos es la provincia de Buenos Aires (que concentra cerca del 20% del costo total), seguida por Córdoba y Santa Fe (ambas con valores cercanos al 9% del total).
Más allá de esa performance puntual, el impacto alcanza a todas las provincias, ya que la situación fiscal y financiera de los distritos -resalta Economía & Regiones- «hubiera sido sustancialmente mejor de no haberse implementado las retenciones, aunque a expensas de un frente nacional más debilitado».
«A excepción de los ejercicios 2002 (donde las retenciones tenían un menor peso relativo) y 2009 (debido a la magnitud del déficit), el consolidado de provincias hubiera presentado superávits gemelos en su ejecución presupuestaria, pudiendo haberse destinado dichos excedentes tanto a la constitución de fondos de reserva para afrontar situaciones críticas o para afrontar los vencimientos de la deuda pública con recursos propios, reafirmando la autonomía económica y política de las administraciones provinciales», sostiene.
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