Previsible reacción de oposición

La movida judicial que llegará a manos del juez Angel Toledo se ampara en la intervención a la provincia que está a cargo de Pablo Lanusse, quien anoche regresó a Santiago tras unas minivacaciones de Pascuas en Buenos Aires.Centenares de santiagueños y organizaciones intermedias adelantaron que iniciarán denuncias penales y civiles contra la ex gobernadora Mercedes Aragonés, el ex mandatario Carlos Juárez y ex funcionarios por las tareas de espionaje a las que presuntamente fueron sometidos.
Los denunciantes indicaron que a través de los trabajos de seguimiento y escuchas telefónicas fueron víctimas de «discriminación y excluidos» durante la gestión de los Juárez.
Según la presentación, de los archivos secretos se desprende que centenares de santiagueños no tenían acceso a un trabajo ni a una vivienda por no contar con una afiliación al PJ. En las próximas horas, en tanto, se espera que el juez Toledo avance con las otras imputaciones a los Juárez. Entre otras decisiones debe optar por detener o no a 43 ex funcionarios a pedido del titular de la ANSeS, Sergio Massa, quien sostuvo que esa medida «demostrará si el magistrado tiene una voluntad vinculada a la Justicia o a un interés provincial».
Por su parte, el jefe de Gabinete de la intervención, Pablo Fontdevilla, denunció que el superávit de 500 millones de pesos de la provincia «se logró con el hambre de la gente».
Mientras tanto, los padres de Leyla Nazar y Patricia Villalba, las jóvenes asesinadas y arrojadas a un monte de La Dársena, se cruzaron graves acusaciones tras la separación de la jueza María del Carmen Bravo, quien investigaba el doble crimen.
Younes Bshier, papá de Leyla, opinó que la jueza Bravo «tenía que seguir al frente de las investigaciones» y acusó a Olga Díaz por «recibir 1.500 pesos del gobierno nacional para seguir con las movilizaciones». «También se hizo quedar la recaudación de un festival solidario y obra de teatro», dijo.
 Advertencia
Por su parte, el ex vicegobernador de Aragonés, Darío Moreno, advirtió que la intervención está tomando «medidas muy tibias», que no sirven para «desarticular el aparato juarista» en la provincia y advirtió sobre la posibilidad de que el matrimonio «quede en libertad y esté otra vez en carrera».
En tanto, el sector Militancia para la Victoria emitió un comunicado de prensa en el que señala que «la crisis terminal del sistema político juarista dio origen a una apertura democrática que procura superar un régimen de oprobio».
Este fin de semana, por otra parte, el ex jefe de la Policía local Tomás Lescano quedó detenido luego de prestar declaración indagatoria, acusado de ser «coautor» del saqueo e intento de asesinato del diputado nacional justicialista José Oscar Figueroa.