De acuerdo con publicaciones de diarios argentinos y de «El Mundo», de España, los institutos otorgaban certificaciones académicas avaladas con un convenio de cooperación no aprobado por el Consejo Superior de la universidad formoseña. Los estudiantes españoles abonaban para recibir las clases y el título habilitante «a distancia» de licenciado en Sistemas con el respaldo del sistema universitario argentino de «entre 4.000 y 7.400 euros». Dalfaro, que ofreció su renuncia al cargo, pero no fue aceptada, explicó que el escándalo estalló porque «aparentemente hubo un instituto español que, sin autorización de la universidad, publicitó títulos y carreras a distancia, que tampoco existen».
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