Uruguay incumplió acuerdo por Botnia y pide más tiempo

En julio pasado, Cristina de Kirchner y José Mujica acordaron que el 2 de noviembre ambos gobiernos debían presentar el plan científico para vigilar a la pastera.

El conflicto por la pastera de Botnia entró en un proceso de riesgosa espiral donde nada se concreta y donde todo siempre parece volver a empezar. Ayer, a horas del límite del plazo establecido en el acuerdo por el monitoreo conjunto de la planta, el Gobierno de Uruguay solicitó a la Argentina una prórroga de diez días para la presentación del plan científico.

La noticia impactó de lleno en el entendimiento político alcanzado en julio por los presidentes José Mujica y Cristina de Kirchner, que poco después terminarían de pulir los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro.

En la nota uruguaya firmada por el canciller Almagro se señaló que «visto que subsisten divergencias en el seno del Comité Científico, proponemos una prórroga de diez días para la presentación por parte de dicho comité de los proyectos específicos».

Más temprano, el canciller argentino había asegurado que «el plan de monitoreo que hicieron los científicos argentinos, está a disposición de la Comisión Administradora del Río Uruguay y pensamos que es un plan correcto, que va a solucionar el problema de Botnia y de todo el río y, por lo tanto, esperamos que Uruguay cumpla con lo que firmamos». «Argentina cumplió», dijo, con tono lacónico.

Por la noche, tras recibir la nota uruguaya, la Cancillería comunicó que «en consideración de dicha solicitud, la Argentina decidió postergar la difusión de sus proyectos de monitoreo durante el período solicitado».

Del otro lado del río las declaraciones de Timerman habían generado «sorpresa y malestar», según dejaron trascender desde la cercanía de Mujica. Si bien reconocieron que existen diferencias en torno al plan de monitoreo, consideraron que los dichos del canciller representaban «una presión».

Desde el lunes, científicos de ambos países mantuvieron reuniones en Montevideo y Buenos Aires para tratar de cerrar el plan, pero las rispideces en torno a la cantidad de ingresos de los expertos a la planta de UPM (ex Botnia) frustraron un acuerdo. Mientras la Argentina reclama un monitoreo continuo las 24 horas, los 365 días del año con sensores que midan los parámetros de impacto ambiental, los uruguayos insisten en que se cumplan con controles más espaciados.

Ayer, los combatientes ambientalistas de Gualeguaychú que ven con preocupación esta demora, insistieron en responsabilizar a los científicos uruguayos por las trabas impuestas. «Hemos acusado públicamente a (Eugenio) Lorenzo que es uno de los dos científicos; fue el ex presidente de la delegación uruguaya en la CARU y parece un empleado de Botnia», argumentó Gustavo Rivollier, un dirigente histórico de la Asamblea Ciudadana en declaraciones a Radio Cero.

El pacto firmado entre ambos países estableció un ingreso mínimo a la polémica pastera de hasta 12 veces al año, aunque luego Timerman sostuvo que existía la posibilidad de ampliar las inspecciones ante un eventual episodio de supuesta contaminación.

En ese contexto, los técnicos argentinos y uruguayos tenían plazo hasta ayer a la medianoche para definir cuáles, dónde y de qué tamaño serán las muestras que se tomarán del río para determinar si existe contaminación ambiental. La fecha había sido fijada por Cristina de Kirchner y José Mujica en el entendimiento firmado en Buenos Aires.

La instalación de la pastera provocó el peor conflicto en décadas entre la Argentina y Uruguay, que llegó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En abril pasado, el máximo tribunal si bien no ordenó el desmantelamiento de la planta como reclamaba nuestro país, condenó el incumplimiento del Tratado del Río Uruguay por parte del Gobierno uruguayo y conminó a las partes a alcanzar un acuerdo de control ambiental conjunto.