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El grupo de dirigentes encabezado por "Chiqui" Tapia intimó el Gobierno.
Y, enseguida, agregaron: "Lo cierto es que existe un contrato vigente con el Estado Nacional, de donde emergen derechos económicos imprescindibles para la abrumadora mayoría de las instituciones que integran la AFA, razón por la cual se impone al órgano de conducción de la casa madre, la defensa irrestricta de la vigencia del contrato en crisis, en tanto y en cuanto la Asamblea de AFA no exprese su inequívoca voluntad soberana de rescindir el vínculo jurídico".
Los dirigentes se quejaron de que los miembros del Comité de Regularización se han expedido "deliberadamente respecto a instrumentar la rescisión contractual con el Estado Nacional, y han actuado en consecuencia, ya sea por las negociaciones que llevan adelante para fijar un monto de rescisión, que según ha trascendido puede ascender a 350 millones de pesos, y también por haber celebrados numerosas reuniones con empresas del sector privado para negociar la venta de los derechos audiovisuales de los torneos organizados por AFA".
Según la opinión de los dirigentes del Ascenso y las Ligas del Interior del país, los integrantes del órgano de conducción designado por FIFA "no han advertido que carecen de competencia y facultades para celebrar un acto jurídico que implique la disposición lisa y llana del principal activo de la AFA".
"Por más esfuerzo interpretativo que se haga, ninguna de las tareas encomendadas por la FIFA incluye la facultad de celebrar un acto jurídico tan trascendental para la AFA y sus clubes afiliados que implique la disposición de los derechos audiovisuales", sostuvieron.
Por esa razón, este grupo de dirigentes decidió intimar al Gobierno nacional a que resuelva esta problemática que afecta directamente las economías de los clubes en los próximos quince días antes de que nazca "a favor de AFA el derecho a demandar el cumplimiento o dar por resuelto el contrato, con las consecuencias jurídicas que ello acarrea".
"Sin perjuicio de ello, y en atención a la inequívoca voluntad resolutoria del Estado Nacional, decidimos convocar a Asamblea Extraordinaria a los fines de que se expida sobre la rescisión del contrato, y ante el eventual incumplimiento de la otra parte, instruir al órgano de conducción para demandar el cumplimiento o la rescisión", anunciaron.
Y finalizaron: "De operar la rescisión, convocar a Asamblea Extraordinaria a los fines de que instruya al órgano de conducción a realizar negociaciones para la celebración de un nuevo contrato, cuya decisión final será del mismo órgano soberano".




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