Piden la prescripción de la causa por la "Batalla de los quinchos"

La causa por la "batalla de los quinchos", una pelea entre "barras" de River que inició una escalada de violencia que terminó con el crimen de Gonzalo Acro, prescribió al cumplirse dos años de la primera indagatoria de los imputados sin que la fiscalía pidiera la elevación a juicio.

Fuentes judiciales informaron que la prescripción se produjo el sábado último, fue planteada formalmente por la defensa de los acusados, y beneficia a los hermanos Alan y William Schlenker, actualmente detenidos por el crimen de Acro; a Adrián Rousseau, a Cristian Ghisletti y Alex "Neurona" Decoste.

El episodio que originó la causa ocurrió el 11 de febrero de 2007, cuando los grupos de "barras" liderados por los hermanos Alan y William Schlenker y por Adrián Rousseau se enfrentaron en el sector de parrillas del estadio Monumental, en momentos en que había socios con sus familias, antes de un partido entre el club local y Lanús.

El 16 de mayo de ese año, el juez de instrucción Mauricio Zamudio indagó por ese hecho a los Schlenker, Rousseau, Ghisletti y Decoste, a quienes procesó por lesiones leves en riña y por infracción a la "Ley De la Rúa", que castiga a quienes instiguen a la formación de grupos violentos en espectáculos deportivos.

Las defensas de los imputados apelaron y la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos por las lesiones, pero anuló los que correspondían a la violación de la "Ley De la Rúa", también conocida como "Ley del Deporte".

En agosto de 2007 se produjo el crimen de Gonzalo Acro, hecho que recayó en el juzgado de instrucción 11, a cargo de Luis Rodríguez, a quien también se le enviaron las causas en las que estaban involucrados presuntos "barrabravas" del club de Núñez, entre ellas la de la "batalla de los quinchos".

En dos ocasiones Rodríguez indagó y procesó, tal como su colega Zamudio, a los acusados de infringir la "Ley De la Rúa" pero, en todos los casos, la Cámara del Crimen dejó sin efecto el agravante de la instigación a cometer hechos violentos.

Ignacio Irurzún, defensor de Decoste y Rousseau en esta causa, planteó la incompetencia de Rodríguez para seguir entendiendo en el expediente, puesto que las lesiones leves en riña, única imputación que los camaristas habían dejado en pie, son un delito menor que corresponde al fuero correccional y no al de instrucción.

El juez admitió que el abogado estaba en lo cierto, pero "por conexidad" se opuso a entregar la causa a la justicia correccional, ya que los mismos imputados aparecían en otros expedientes que tiene a su cargo, entre ellos el enfrentamiento entre "barras" ocurrido en mayo de 2007 en el estacionamiento del Monumental y el crimen de Acro.

Rodríguez solicitó al fiscal José María Campagnoli que emitiera su opinión sobre el planteo de incompetencia de Irurzún y además le reclamó que requiriera la elevación a juicio del caso.

El representante del Ministerio Público se opuso a declinar la competencia a la justicia correccional, pero omitió requerir la elevación a juicio de la "la batalla de los quinchos", lo que hubiera interrumpido la prescripción.

El jueves último la Cámara del Crimen concedió la competencia en esta causa a Rodríguez por la "conexidad subjetiva" que él había alegado y devolvió el expediente a primera instancia el viernes a última hora.

Irurzún, presentó esta mañana una nota ante el juez Rodríguez a quien le reclamó que declarara "extinguida la acción penal" con respecto a ambos y que los "sobreseyera en el proceso".

El letrado destacó que sus dos defendidos "fueron llamados a prestar declaración indagatoria" el 16 de mayo de 2007, es decir que desde entonces "deberá comenzarse a computar el plazo de dos años".

"Dado que desde dicha fecha hasta el presente no se cuenta con el correspondiente requerimiento acusatorio de elevación a juicio, único paso procesal prescripto por la Ley para adjudicar capacidad interruptiva, el plazo legal ha operado", argumentó Irurzún, al señalar la omisión de Campagnoli.

Por último, el abogado destacó que ni Rousseau ni Decoste "han cometido delito alguno que impidan la prescripción de la acción penal a su respecto", por lo que insistió en el sobreseimiento de ambos.